Los exalcaldes de Juárez, Gustavo Elizondo Aguilar y Ramón Galindo Noriega (PAN) presentaron este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado en contra del alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar (Morena), a quien acusan de los presuntos delitos de peculado y uso indebido de facultades por un contrato de arrendamiento de ocho máquinas barredoras que, según estiman, ocasionó un daño patrimonial de 105.6 millones de pesos.
Los denunciantes se presentaron este lunes en las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción del Estado para formalizar la petición de que ese órgano investigue lo que consideran una serie de presuntas irregularidades en la contratación de las unidades con la empresa PYPRA.
De acuerdo con la acusación, durante la gestión de Pérez Cuéllar, el Gobierno Municipial de Juárez celebró un contrato plurianual con duración de 29 meses para el arrendamiento de ocho barredoras, por las que pagó en promedio 13.2 millones de pesos por cada unidad.
Los exalcaldes sostuvieron que esa cifra resulta desproporcionada, al asegurar que el valor comercial de cada máquina no supera los 55 mil dólares, por lo que consideran que el contrato ocasionó un quebranto millonario a las finanzas municipales.
Elizondo y Galindo también señalaron presuntas anomalías en el procedimiento de licitación, entre ellas la falta de estudios técnicos que justificaran la necesidad del arrendamiento y plazos reducidos que, afirmaron, limitaron la participación de otros proveedores.
Asimismo, cuestionaron la capacidad de la empresa adjudicada para ejecutar el contrato, al señalar que su actividad económica registrada correspondía al ramo microindustrial de insumos eléctricos y que, según su dicho, no tenía la capacidad legal para facturar montos superiores a los cuatro millones de pesos anuales.
Galindo y Elizondo agregaron que la compañía terminó facturando a la administración municipal más de 30 millones de pesos por año y que tampoco acreditó ser propietaria de las barredoras al momento de celebrar el contrato.
Como parte de la denuncia, también pusieron en duda la viabilidad de las metas establecidas en el convenio, que contemplaban el barrido diario de 411 kilómetros de calles —una distancia equivalente al trayecto entre Ciudad Juárez y Delicias— con un costo de 354 pesos por kilómetro.
A decir de los promoventes, el cumplimiento de esas metas no puede verificarse debido a que no existen bitácoras oficiales que documenten el trabajo realizado por las unidades.
Además de solicitar que se investigue la posible responsabilidad penal de los funcionarios que participaron en la contratación, los exediles pidieron a la Fiscalía Anticorrupción dar vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que revise las declaraciones fiscales y la actividad económica de la empresa PYPRA.
Hasta el momento, ni Cruz Pérez Cuéllar ni el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez habían emitido un posicionamiento público sobre la denuncia presentada por los exalcaldes.
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