En un esfuerzo más por garantizar la salud público y proteger los derechos de las personas no fumadoras a vivir y convivir en espacios cien por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó recientemente, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General para el Control del Tabaco.
Con este documento, remitido al Senado para sus efectos constitucionales, ahora México prohíbe consumir o tener encendido algún producto de tabaco y nicotina en espacios cerrados, lugares de trabajo, transporte público (individual o colectivo que circule por tierra, aire o agua, así como en las terminales, estaciones, paradas y otras instalaciones de mobiliario urbano conexo) y escuelas.
También las zonas de concurrencia colectiva —aquellas con acceso público para el desarrollo de actividades deportivas, artísticas, culturales y de entretenimiento, tanto en el ámbito público como en el privado, sin importar si las cubre un techo, tienen paredes o su estructura es permanente o temporal— estarán libres de humo de tabaco, derivado de la combustión del cigarro, que contiene miles de productos químicos, de los cuales al menos 250 se sabe que son tóxicos o cancerígenos. Por otra parte, tampoco se permitirá cualquier tipo de publicidad y promoción de productos elaborados con tabaco, a través de los medios de comunicación y difusión.
A pesar que desde hace tiempo la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instaron al Poder Legislativo mexicano a modificar las políticas encaminadas a contrarrestar el hábito de fumar, desde 2009 la Ley General de Control del Tabaco no presentaba avances —alrededor de 100 iniciativas de reforma se detuvieron para mejorar la ley—, quedando rezagado de otros países de la región que sí lograron cambios sustanciales.
Por ejemplo, Estado Unidos, quien ahora en la administración del presidente Joe Biden, está considerando requerir a las tabacaleras disminuir el nivel de nicotina de todos los cigarrillos vendidos en su territorio hasta niveles considerados no adictivos, además de la prohibición de los cigarrillos mentolados, que representan más de un tercio de la cuota de mercado global de la industria tabacalera.
Si bien dichas reformas fortalecen el control del tabaco en el país y coadyuvan a mejorar la salud y el bienestar de sus habitantes, como lo apuntaron ambos organismos en un comunicado difundido en marzo pasado, hay legisladores que consideran que es una ley incompleta al dejar de lado más opciones y la regulación diferenciada para productos alternativos a los cigarrillos que implique un menor riesgo para fumadores y no fumadores, así como a niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y la ciudadanía en general.
“20 millones de mexicanos fuman y lo que tenemos que estar pensando cuando se hace una medida ya sea de aumentar impuestos, ya sea de ponerle etiquetas o no, es saber cuál va a ser el impacto real para que la gente deje de salir o deje de entrar. Un tema de rezago en el país también es, cómo ayudar a quien está fumando y que deja de salir y las alternativas al tabaco”, señaló el diputado del Partido Acción Nacional, Éctor Jaime Rampirez Barba, durante el 2º Debate de Plataformas que organizó el Instituto Nacional Electoral (INE).
Las leyes antitabaco promovidas originalmente por la Organización Mundial de la Salud y adoptadas en México, no prohíben a las personas fumar; por eso la libertad de fumar no se ve afectada, aunque sí señalan los espacios en donde no debe fumarse a fin de preservar la salud de quienes no son fumadores.
De acuerdo con información del Gobierno de México, poco más de mil millones de personas fuman tabaco en todo el mundo y, en el país, el consumo de cigarro deriva en altos costos de atención médica y social por las muertes prematuras que genera: cinco mil 659 personas fallecen al año por enfermedades atribuibles al humo ajeno, provocando un gasto económico al sector Salud de $8,693,773,232.
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