El Gobierno del Estado informó que judicializarán las tres mil 800 denuncias interpuestas en torno al caso de la financiera ARAS, cuya operación presuntamente fraudulenta perjudicó a decenas de ahorradores de Chihuahua.
Después de sostener una reunión con representantes de los afectados, el Gobierno emitió un comunicado de prensa en el que informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría General de Gobierno, dará seguimiento judicial a todas las denuncias.
El fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte y el subsecretario General de Gobierno, Francisco Sáenz, atendieron a los representantes de la resistencia civil, afectados por la empresa ARAS.
El acercamiento se dio después de que el grupo manifestante cerrara las principales calles del centro de la ciudad en protesta por los nulos avances en torno a su caso.
La circulación vehicular en la ciudad, especialmente en el primer cuadro, se volvió caótica conforme avanzaba el día y se acercaba a la llamada “hora pico”, con todas las calles aledañas al Palacio de Gobierno cerradas.
Asegura titular de la FGE que se trabaja en integración de las carpetas
Fierro Duarte, reiteró que la FGE trabaja en la integración de bloques de carpetas de investigación para poder así, dar paso a las audiencias masivas.
Agregó que el CEO de ARAS tiene ficha de búsqueda emitida por la Interpol, para dar con él en cualquier país donde se encuentre.
Informó además que existe un oficio dirigido al departamento de Estado de los Estados Unidos para lograr una deportación controlada.
En el comunicado, se da a conocer que el fiscal “refrendó su compromiso con los afectados a quienes brindó su apoyo para que sean integrados en todos los bloques de investigación y aseguró que ya se solicitó la primera fecha para comenzar con las audiencias masivas.
Finalmente, se acordó dar celeridad a la integración de las carpetas de investigación para poder engranar y sacar provecho para los afectados e ir de la mano, puesto que el compromiso es el cómo sí judicializar el caso, a través de la coordinación entre el Gobierno del Estado y los afectados.
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