Por unanimidad de los integrantes del Comité Directivo Municipal del PAN en el municipio de Jiménez se solicitó al Comité Estatal del partido la expulsión como militante del gobernador Javier Corral, por considerar que ha incurrido en actos de reiteradas violaciones a los estatutos del partido y por su deslealtad.
Este sábado, a través de un comunicado escrito por Luis Medina Alvídrez y respaldado por todos los miembros que integran el comité municipal en Jiménez, se hizo la solicitud a Rocío Reza en su calidad de presidenta del Comité Estatal del PAN.
Los panistas de Jiménez afirman que a lo largo de su trayectoria política, Javier Corral ha violentado los estatutos del PAN, su reglamento de militantes, el código de ética así como el código de ética de funcionarios públicos panistas, además del reglamento anticorrupción del partido.
Resaltaron como algunas de esas faltas cometidas por Corral, “las acusaciones sin fundamento ni pruebas contra la alcaldesa Maru Campos, de haber sido parte de la nómina secreta del exgobernador César Duarte, violentando el principio de inocencia”.
El comunicado del comité municipal del PAN en Jiménez
“El día de hoy, sábado 14 de noviembre de 2020, el Ing. Luis Medina, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Jiménez, presentó ante las instancias correspondientes del Partido el acuerdo, tomado por el Comité Municipal que él preside, a través del cual solicita sea expulsado del PAN el Gobernador Javier Corral Jurado por deslealtad al partido y violaciones graves y reiteradas a los Estatutos y Códigos del Partido Acción Nacional.
Dicho acuerdo fue tomado por unanimidad de los miembros presentes del Comité de Jiménez en sesión del día 17 de octubre del presente año. Y se acusa que Javier Corral a lo largo de su trayectoria política ha violentado los Estatutos del PAN, su reglamento de militantes, el código de ética del PAN, así como el código de ética de los funcionarios públicos panistas, el reglamento anticorrupción del PAN, entre otros.
Las faltas que se le acusan son diversas y sustentadas en notas periodísticas, así como en publicaciones que el mismo Javier Corral subió a sus redes sociales o entrevistas que ha concedido principalmente a medios de comunicación nacionales.
A grandes rasgos, el acuerdo del PAN Jiménez señala la falta de compromiso de Corral para con la unidad del partido, calumniar sus propios compañeros, atacar la buena fama partidista y de sus dirigentes, así como de gobiernos emanados del PAN, incumplir con su plataforma electoral, violentar la libertad de expresión y de prensa, entre muchas otras violaciones y faltas a la disciplina partidista.
Y es que los casos de violaciones son continuos y reiterados: como ejemplo, el Reglamento de Ética de los Servidores Públicos del PAN ordena que todo servidor público debe facilitar a los medios de comunicación el cumplimiento de su misión de informar. Sin embargo, es conocida la denuncia de Derechos Humanos en contra de Javier Corral a causa del hostigamiento que ha realizado en contra de los medios de comunicación, e incluso ha vetado a periodistas y mediante una conducta contraria a su propio código de ética como servidor público panista se ha negado a contestar preguntas, discriminando medios de comunicación y periodistas.
También ha sido muy difundida su acusación -sin existir una sentencia condenatoria ni exhibir prueba fidedigna-, violando el principio de presunción de inocencia, en contra de su compañera de partido María Eugenia Campos Galván, al vincularla a la “nómina secreta” del exgobernador Duarte. Asimismo, cuando Javier Corral buscó la dirigencia nacional del PAN, acusó de corruptos, “acuerpamiento” y contubernio a Ricardo Anaya y Gustavo Madero, con el presidente Peña Nieto. Sin exhibir prueba alguna.
Entre otras cuestiones, el acuerdo del PAN Jiménez reseña que no sería la primera ocasión en que Javier Corral fuere sancionado, puesto que anteriormente a través del Juicio de Inconformidad JI 1ª Sala 074/2012, cuando fue anulada la elección interna del PAN a Senador en 2012, Corral fue sancionado. Y bajo ese argumento, el artículo 121 de los Estatutos del PAN señala que la sanción debe ser mayor a una simple amonestación. Es decir, suspenderle sus derechos partidistas por 3 años en los cuales no podría ser candidato del PAN a ningún puesto ni cargo de elección, o en su caso, en caso de considerar graves las faltas lo procedente sería declarar su expulsión.
Finalmente, dicho acuerdo del PAN Jiménez exhibe la “doble vara” con la que mide el gobernador Corral, puesto que cuando tachó de fracasado al Gobierno del presidente Calderón; desdeñó al partido a nivel nacional, señalando que no es oposición Peña Nieto ni a AMLO; o critica las listas de senadores plurinominales, amenazando con romper las alianzas del Partido a nivel nacional. Javier Corral desdeña las vías institucionales del partido y declara ampliamente ante medios de comunicación sus diferencias con el partido, sin importar el daño que le pudiera generar. Y afirma que su actuar está normado por la consciencia y ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, cuando el dirigente panista de Jiménez, Luis Medina Alvídrez, ha señalado fallas de su Gobierno como la falta de esclarecimiento del asesinato de la periodista Miroslava Breach, o la falta de inclusión de panistas en el Gobierno del Estado, se emprendió una persecución política en su contra, que busca suspender sus derechos partidistas como dirigente municipal, y como consejero estatal del PAN, buscando negarle la posibilidad de participar en elecciones durante los próximos 3 años, como castigo ante su “exceso” de libertad de expresión.
En cuanto a Rocío Reza, se le acusa además de haber sido beneficiada con recursos humanos y materiales de la administración del gobernador Corral para efectos de conseguir las firmas para su registro como candidata a dirigente estatal, y posteriormente utilizar dichos recursos para imponerla en el cargo. Asimismo, se exhiben las actas en las que se acredita que Rocío Reza como dirigente del PAN estatal designó como miembros del anterior Comité Municipal de Jiménez a personas que no son militantes panistas y cuyo mérito es ser funcionarios del Gobierno estatal (la recaudadora de Jiménez y el tesorero de la JMAS Jiménez). Situación que es violatoria a los estatutos del PAN, puesto que estos exigen que los comités directivos deben ser integrados por militantes panistas”.
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