El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Chihuahua, Francisco Sánchez Villegas, consideró innecesarias las reglas que contempla el Gobierno federal mediante la legislación para proteger a las audiencias de medios de comunicación masiva, ya que la legislación actual ya garantiza esos derechos mediante distintos preceptos.
Al presentar una opinión técnica ante la consulta pública de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el diputado local del partido naranja señaló que el marco constitucional y legal vigente ya protege los derechos de las audiencias mediante la Constitución, la legislación en telecomunicaciones, el derecho de réplica, la Ley Federal de Protección al Consumidor y los códigos de ética de los concesionarios.
Es innecesario imponer nuevas cargas regulatorias que, asegura, podrían afectar la competitividad de los medios tradicionales sin mejorar la protección de las audiencias, afirmó el legislador.
Sánchez Villegas se refirió de esa forma al proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, mismos que –advirtió– podrían convertirse en un mecanismo de censura indirecta contra los medios de comunicación.
En el documento, entregado este 3 de agosto dentro del proceso de consulta pública, el legislador sostiene que, aunque los lineamientos se presentan como un desarrollo de la legislación vigente, en realidad amplían las facultades de la autoridad administrativa al crear nuevas obligaciones, mecanismos de supervisión y procedimientos que, a su juicio, exceden lo previsto por la ley.
Sánchez Villegas advierte que el proyecto utiliza conceptos jurídicos como “pluralidad”, “objetividad”, “información veraz”, “tratamiento adecuado” e “interés público”, cuya falta de parámetros objetivos podría generar incertidumbre jurídica y abrir espacio a interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad reguladora.
Asimismo, cuestiona que la Comisión Reguladora concentre las funciones de emitir la normativa, interpretarla, supervisar su cumplimiento y resolver las controversias derivadas de su aplicación, lo que, afirma, compromete el principio de imparcialidad administrativa. Añade que las nuevas obligaciones también implicarían mayores cargas económicas y administrativas para concesionarios, especialmente medios públicos, sociales y comunitarios.
El diputado argumenta que el proyecto podría propiciar un ambiente de autocensura entre los medios de comunicación por el temor a sanciones derivadas de la interpretación de los lineamientos, lo que, en su opinión, afectaría la libertad editorial y el pluralismo informativo.
Como sustento jurídico, cita criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos la contradicción de tesis 247/2017, en la que el máximo tribunal declaró inconstitucional la obligación de que la programación de radio y televisión propiciara el uso correcto del lenguaje, al considerar que la libertad de expresión protege también la forma en que se expresan las ideas y que el Estado no puede imponer criterios subjetivos sobre los contenidos.
También invoca la acción de inconstitucionalidad 150/2017 y su acumulada 153/2017, en las que la Corte estableció que la regulación de los derechos de las audiencias no debe traducirse en un control del contenido editorial ni convertirse en un mecanismo de censura indirecta.
Entre las propuestas que presentó el legislador destacan eliminar las disposiciones que permitan a la autoridad valorar contenidos editoriales; retirar la obligación de crear órganos internos impuestos por el regulador; redefinir conceptos jurídicos indeterminados; privilegiar mecanismos voluntarios de conciliación entre audiencias y concesionarios, e incorporar expresamente el principio de máxima libertad editorial en la interpretación de los lineamientos.
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