El debate sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias se intensificó tras la presentación de las disposiciones y las reacciones de actores políticos, empresariales y del sector de medios.
Luisa María Alcalde, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, presentó los lineamientos que emitió la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, los cuales permanecen en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto. Explicó que buscan definir los derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios de comunicación, además de establecer mecanismos para la presentación de quejas.
Detalló que los lineamientos obligan a concesionarios de radio y televisión a contar con un Código de Ética y una persona defensora de las audiencias. También establecen criterios para distinguir entre información y opinión, así como entre contenido editorial y publicidad.
Entre los derechos reconocidos, mencionó el acceso a información veraz y oportuna, el derecho de réplica y la inclusión de audiencias con discapacidad. Añadió que las disposiciones derivan de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025.
En el ámbito legislativo, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó que los lineamientos representen censura. Señaló que buscan dar congruencia a la ley y garantizar el derecho de las audiencias a recibir información sustentada en hechos verificables.
Sostuvo que la veracidad de la información debe acreditarse con pruebas y afirmó que el Gobierno no actuará como árbitro para determinar contenidos, ya que serán los ciudadanos quienes presenten quejas conforme a la ley.
En contraste, el empresario Ricardo Salinas Pliego cuestionó los lineamientos y advirtió que podrían propiciar censura. Afirmó que las disposiciones permitirían a la autoridad definir qué contenidos son verdaderos o falsos, lo que, a su juicio, pone en riesgo la libertad de expresión.
También señaló que las medidas podrían afectar la capacidad de las personas para decidir qué contenidos consumir.
Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) indicó que el proyecto requiere ajustes y señaló la existencia de puntos ambiguos en las disposiciones.
Mientras tanto, los lineamientos continúan en consulta pública y no han entrado en vigor. El proceso se mantiene abierto a la participación de audiencias, concesionarios, academia y organizaciones civiles, en medio de posturas divididas sobre su alcance.
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Por El Universal
