Los papás y mamás de cinco niños en tratamiento por distintos tipos de cáncer se dijeron decepcionados por la respuesta que recibieron este lunes de autoridades estatales y federales, después de que la semana pasada tuvieron que salir a protestar para que no dejaran a sus hijos desatendidos en el Hospital Infantil de Especialidades de esta frontera.
El viernes 17 acudieron a juzgados federales para ampararse contra la suspensión arbitraria de los tratamientos de sus hijos y hoy se presentaron en las instalaciones del hospital con los documentos en mano para demandar la atención a la que tienen derecho.
En el mostrador, personal administrativo les informó que ya habían recibido instrucciones de atenderlos de manera normal.
Pasado el mediodía aceptaron reunirse con el director médico del Gobierno del Estado en la zona norte, Arturo Valenzuela, y el delegado federal de programas de Bienestar, Juan Carlos Loera, pero solo escucharon promesas.
“Esperamos una respuesta concreta porque nada más dicen promesas, pero no están haciendo hechos. Estaba programado el trasplante de médula ósea del menor para la semana pasada, no lo realizaron, y si no la realizan tendremos que denunciar la violación de la suspensión (amparo) porque un menor no puede esperar”.
“Esto, como he mencionado en otras ocasiones, no es gripe, no es tos, no es un dolor de estómago, es cáncer y el cáncer te mata”, afirmó David Silva, asesor social de los padres afectados, al salir de la reunión que se llevó a cabo en las oficinas de la Secretaría de Salud estatal en la calle Bolivia.
Silva dijo que en ese encuentro -a puerta cerrada- les prometieron que las quimioterapias de los otros cuatro niños y niñas ya se las iban a realizar, pero fue escéptico y prefirió esperar a que realmente ocurra.
“De los que reciben quimioterapia en el Hospital Infantil al parecer ya los van a atender, esperemos que realmente sea así, y conforme avancen los días y las citas que tienen hoy (lunes) en la tarde, mañana en la mañana y miércoles en la tarde, los atiendan”, detalló.
La negligencia oficial quedó demostrada cuando el lunes 13 de enero uno de los afectados fue notificado por la administración del nosocomio que tenía que pagar la consulta de su hijo porque el Seguro Popular ya no la cubría.
Después, otros padres y madres se fueron enterando de que ya no había medicamentos para las quimioterapias de sus hijos e incluso a uno de ellos -el más pequeño- se le suspendió una cirugía de trasplante de médula ósea.
Ante esas circunstancias, optaron por protestar públicamente con pancartas e interpusieron cinco amparos que les fueron concedidos por tres juzgados federales, quienes ordenaron al Hospital cumplir con toda la atención médica requerida sin ninguna dilación.
De acuerdo con el texto de los juicios de garantía, de los que Norte Digital obtuvo una copia, a partir de este lunes la institución médica tiene un plazo de 24 horas para responder positivamente a los ordenamientos.
Poco después de las 10:00 de la mañana, luego de recibir copia certificada de sus amparos, los papás y mamás acudieron directamente al área de urgencias del Hospital Infantil de Especialidades, en la avenida Vicente Guerrero, donde personal administrativo les informó que ya habían recibido la orden de atenderlos.
Entrevistados por Norte Digital todos, los afectados aclararon que su acción no era en contra del personal del hospital, donde siempre han recibido un trato digno y cálido, sino contra los directivos y funcionarios por la falta de insumos y medicamentos en el nosocomio y además por la mala gestión que hicieron los Gobiernos en la transición del Seguro Popular al Insabi.
Después de acudir al hospital los padres aceptaron reunirse con el director de salud estatal zona norte Arturo Valenzuela y el delegado de programas de Bienestar Juan Carlos Loera, en las oficinas de Bolivia y 16 de septiembre, pero el resultado no los dejó nada tranquilos.
“Nos sentimos igual que cuando llegamos. Es lo mismo, como con nosotros con el trasplante, todavía no hay fecha ni hora y prácticamente fue lo mismo, no hubo solución todavía. Sí se va a ver, dijeron que iban a ver, pero la cuestión de nosotros es que es urgente. Ya tenía fecha para irnos y otra vez nos quedamos igual”, expresó Manuel González López Tenorio, chofer de tráiler de 36 años, cuyo bebé de un año siete meses debió ser trasplantado de médula ósea la semana pasada, para recuperar una esperanza de vivir.
Para él los trámites burocráticos y las declaraciones mediáticas no sirven de nada. Necesita que operen a su bebé y -hasta el día en que se redacta esta nota- la autoridad que tiene la obligación de hacerlo permanece inmóvil.
Para Alberto González, trabajador eventual de 33 años cuya esposa Daniela renunció a su trabajo para dejar de tener IMSS y poder entrar al nuevo esquema del Insabi, lo más importante es que su hija Alondra de 6 años pueda continuar un tratamiento de quimioterapias que apenas empezó el año pasado y al que todavía le faltan 150 semanas para pasar la etapa crítica.
“Aún con un poco de intranquilidad. Todavía no sabemos si sí van a actuar conforme a lo que dijeron en la reunión de que se iban a seguir tratando los niños, igual todavía tenemos esa duda, de que lo que hayan dicho aquí se efectúe conforme vaya pasando el tiempo (…); gracias al amparo que tenemos eso es lo único que en realidad nos está respaldando”, respondió Alberto a la pregunta planteada por Norte Digital, en la acera de enfrente de la oficina de la Secretaría de Salud.
Con la misma incertidumbre se expresó Perla Patricia Hernández Yáñez, de 28 años, madre de Daniela Nicole de 6, una pequeña guerrera que ha luchado contra el cáncer desde que tenía 4 años y ya tuvo metástasis en sus pulmones.
“Ellos aseguran que nos van a dar la atención, pero pues hasta no ver realmente que sí nos cumplan, en mi caso de m’ija de los estudios, pues todavía me dejaron en duda; o sea, los estudios que se hacen ahí en el hospital sí me los van a hacer y según ellos sí los va a cubrir, no me los van a cobrar.
“(Pero) faltan los que por falta de equipo ahí en el hospital no hay. Falta ver si hacen subrogas a otros hospitales para que los hagan, que son los importantes. Sabemos que los que están ahí, pues si ya con el amparo nos cubre. Las palabras son bonitas, pero ahorita lo que nos hace sentirnos seguros es el amparo que interpusimos (…); ya tenemos nuestro documento en la mano que es lo que nos da seguridad ahorita”, señaló.
La versión oficial: hay coordinación
En la reunión, que duró poco más de una hora y media, el delegado federal de programas de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, ofreció a los padres que los pacientes que quedaron en medio del cambio entre Seguro Popular e Insabi continuarán sus tratamientos.
“Vamos a hacer las gestiones para que todos los pacientes que quedaron en medio de esta transición sigan su camino como ya estaba definido por los mismos médicos y las médicas, que se continúe con el tratamiento”, refirió.
Cuestionado por Norte Digital, también refirió que había “coordinación” entre los dos órdenes de Gobierno para atender el problema.
“Ya se logró con la coordinación de los diferentes órdenes de Gobierno, con los mismos padres, con el director del Insabi, que llegaran los medicamentos para los niños, independientemente de si son afiliados al Seguro Social o no”, detalló.
Sin embargo, información corroborada por fuentes internas reveló que el Gobierno estatal desde el 4 de diciembre del año pasado debió solicitar el abasto y no lo hizo, e incluso hay constancias de que había medicamentos que sí tenían pero los funcionarios dijeron que no a los padres de los pequeños porque los traían perdidos en el inventario.
A pesar de que desde la semana pasada quedó evidenciado que los engranajes del sector salud estatal y federal no trabajan con la concordancia indispensable a que obliga la ley, el delegado federal fue optimista.
“Vamos a estar trabajando muy fuerte (…) en una serie de convenios que permitan que el Hospital Infantil, que es en el que los padres de familia han generado más confianza, más experiencia, porque está dedicado a eso, a cuidar a los niños, continúe dándole el servicio a las personas que no tienen seguridad social (…), esto para el futuro, pero estos niños (los de los cinco amparos) ya hicimos el compromiso que van a seguir siendo atendidos en el Hospital Infantil a excepción del niño que requiere el trasplante de médula”, expresó Loera.
Esta última declaración explica por qué el papá del niño del trasplante ha preferido apegarse a su amparo. Está de por medio la vida de su hijo.
En ese sentido, el asesor social Daniel Silva también fue terminante:
“El paciente del transplante de médula ósea nos vamos a esperar esta semana y si no la realizan denunciaremos ante el juzgado la violación a la suspensión”, sentenció.
Cuestionado respecto al asunto jurídico, el director médico en la zona norte Arturo Valenzuela, en cuya oficina se llevó a cabo la reunión, dijo a Norte Digital que a él no le correspondía ese tema y se concretó a referir que en el aspecto médico se habían abocado a conseguir los medicamentos “hasta por debajo de las piedras”.
“Conseguimos medicamentos hasta abajo de las piedras, de tal manera que el lunes -puntual- tuvieran sus tratamientos todos los niños”, expresó vía telefónica.
Valenzuela reconoció que en Ciudad Juárez existe un gran rezago en la atención de pacientes oncológicos, y aprovechó para culpar a Gobiernos pasados que “no aportaron gran cosa” para resolver el problema
“Aquí no hay trasplante de médula (…) tenemos un rezago importantísimo en oncología; ninguna de las administraciones anteriores le aportó gran cosa y seguimos teniendo que enviar a otros estados (a los pacientes)”, admitió.
La evidencia del rezago que quedó demostrada con el caso de los pequeños cuyos padres se hicieron visibles desde hace una semana, apuntó, obliga a que en la zona norte se establezca una estrategia para buscar mejores oportunidades para los pacientes con cáncer.
A pesar de ello, tampoco el actual Gobierno ha tomado medidas suficientes, más que el anuncio hace algunos meses de un acelerador lineal para terapias radiológicas en un terreno aledaño al Hospital Infantil.
La construcción de un hospital de oncología en los terrenos aledaños al viejo hipódromo, cuya primera etapa fue construida en el Gobierno anterior, tiene tres años abandonada por la actual administración y lo único que existe al día de hoy es el ofrecimiento de que el Gobierno de López Obrador sí lo va a terminar.
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