El problema de fondo que provoca la numerosa llegada de personas migrantes a la ciudad es que el Gobierno de México les otorga permisos para su estancia legal y autoridades locales no pueden hacer algo para frenarlos, declaró el representante estatal en Ciudad Juárez, Oscar Ibáñez Hernández.
Impedir que lleguen en grandes cantidades a la frontera norte, dijo, es una responsabilidad federal.
Incluso, durante la reunión que sostuvieron la semana pasada la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, y el coordinador del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, se habló de ese tema.
El funcionario federal dijo que trataría la situación con representantes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
Él mismo planteo el tema con los titulares de las fuerzas militares de la zona, a quienes se les ha pedido que detengan el flujo porque, al final, se trata de una jurisdicción federal.
Tratar de negociar con Ferromex para que impida que las personas en condición de movilidad utilicen sus máquinas para trasladarse hasta esta ciudad es improbable, ya que ese servicio es también una concesión del Gobierno federal.
“Nosotros no tenemos ninguna interacción institucional con Ferromex, solo cuando citan en mesas de trabajo… el problema de fondo es que, si traen autorización para circular legalmente por el territorio nacional, no hay ninguna razón por la que podamos detenerlos”, declaró.
Funcionarios del INM dicen a funcionarios estatales que los migrantes viajan de forma ilegal por el ferrocarril, entonces pueden argumentar que están violando un reglamento de seguridad, pero se trata de una vía y concesión federal, así que no pueden hacerlo, en cambio, las autoridades federales sí tienen facultades para intervenir.
Afirmó que los migrantes no suben en los patios de Ferromex, sino que la máquina sale y se detiene para que las personas se suban, ahí debe haber una sanción para quien está permitiendo que esto ocurra.
La culminación del Título 42, que será el 11 de mayo, tal vez modifique el comportamiento de los viajeros, pero autoridades estadounidenses dicen que la aplicación del Título 8 es más severa contra los migrantes, porque en el momento que se entregan y son procesados, pero se establece que entraron al país de forma ilegal, pueden ser sancionados por cinco o 10 años.
Incluso, podría darse el caso de cancelarles la posibilidad de acogerse a los beneficios de una visa humanitaria, así que enfrentarán una circunstancia más difícil, porque el Título 42 daba posibilidad de que esperarán en México para entrar luego a su territorio.
El cambio que ocurrirá el próximo mes, indicó, deja incertidumbre acerca del comportamiento que tendrán los flujos migratorios, sobre todo porque las personas se dejan llevar por información falsa que generan los traficantes de personas.
También son afectados por la desinformación que se maneja a través de canales alternativos, entonces es difícil especular con lo que ocurrirá y cuál será el efecto después del 11 de mayo.
Aseguró que, en cambio, los canales oficiales son muy claros: la frontera no está abierta y se va a seguir aplicando el Título 8. Eso, en teoría, no debería generar un flujo migratorio mayor, mencionó.
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