El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, prepara la presentación de su primer informe de gobierno 2024-2027, para lo cual inició una campaña de difusión que destaca los logros y el desempeño alcanzados sin endeudar a los juarenses.
Durante la conferencia de prensa “mañanera” de los lunes, el alcalde expuso que, a diferencia de su administración, los Gobiernos neoliberales que le antecedieron endeudaron a la ciudad con obras costosas e incurrieron en errores y omisiones legales que hoy enfrentan con el pago de sumas millonarias.
Aunque no mencionó nombres, se refirió a casos específicos de las gestiones encabezadas por el priista Héctor Murguía Lardizábal (2007-2010) y por el exalcalde independiente Armando Cabada Alvídrez, actual diputado federal de Morena.
Informó que actualmente se siguen pagando las obras del Programa de Movilidad Urbana (PMU), que tuvieron un costo de 5 mil 400 millones de pesos. Señaló que, tan solo durante su primer periodo de gobierno y lo que va del actual, se han erogado mil 80 millones de pesos para el PMU, con un gasto mensual de 22.5 millones de pesos desde entonces.
Agregó que, aunque mediante la implementación del PMU se ejecutaron obras importantes, estas tuvieron un altísimo costo que deberán pagar también las próximas dos administraciones. Subrayó que, como negocio, fue un “cochinero”, pero legalmente estaba perfectamente blindado.
De igual forma, recordó que en las administraciones de 2017 a 2020 —correspondientes al priista Enrique Serrano Escobar y a Armando Cabada— se incurrió en adeudos por concepto de Impuesto Sobre la Renta cobrados por la Hacienda federal, por un monto de 265 millones de pesos que el actual Gobierno municipal tuvo que cubrir.
También mencionó el pago de 45 millones de pesos heredado de la gestión de Cabada, luego de que los tribunales ordenaran la indemnización de un predio afectado por la construcción del Periférico Camino Real durante la primera administración de Murguía (2004-2007).
Asimismo, reportó el desembolso de 189 millones de pesos por un caso del 2008, ocurrido durante la gestión de Murguía (2007-2010), derivado de una demanda de dos empresas que construyeron obras para el proyecto Cereso Productivo.
El secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, detalló que las obras contratadas por el Municipio derivaron en un pleito legal con los proveedores. Ante la indefinición sobre a qué persona moral se debía pagar, las autoridades dieron largas al asunto en lugar de depositar el dinero en los juzgados, lo que terminó por perjudicar al Municipio. Señaló, además, que la infraestructura construida no sirvió para los fines que justificaron la inversión, y que finalmente se pagó mucho más que los 55 millones de pesos inicialmente reclamados.
Informó que, en conjunto, los pagos y compromisos financieros asumidos desde su primera administración (2021-2024) y lo que va de la segunda (2024-2027) ascienden a mil 444 millones de pesos.
Pérez Cuéllar cuestionó cuántas vialidades, estadios y distribuidores viales, como el de la avenida Manuel Talamás Camandari, dejaron de construirse en los últimos años debido a los altos costos de las obras y a los errores jurídicos cometidos por gobiernos anteriores.
Respecto a las críticas del diputado Francisco Sánchez, de Movimiento Ciudadano, sobre el presunto desinterés del Municipio en el medio ambiente y el crecimiento del parque vehicular, señaló que se están atendiendo con la exigencia de portar el engomado ecológico. Advirtió que, ahora más que nunca, este y otros señalamientos estarán cargados de un trasfondo político-electoral.
Finalmente, comentó que la marcha ciudadana convocada el fin de semana para promover su destitución es un derecho legítimo, aunque dijo no coincidir con sus planteamientos. Añadió que la escasa participación en dicha movilización no respalda la idea de que los juarenses estén a favor de su salida por un presunto mal desempeño.
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