La posición de la gobernadora y del Gobierno del Estado es defender el agua para los chihuahuenses, “pésele a quien le pese”, declaró este día María Eugenia Campos Galván durante una gira de trabajo por Ciudad Juárez.
Esa defensa será ahora por la vía legal, para lo cual la autoridad estatal contrató a un bufete de abogados de Monterrey para abrir un juicio administrativo contra el acto de la Comisión de Vigilancia (COVI) del Consejo de Cuenca del Río Bravo, que legalmente autorizó un modelo matemático que obligaría a entregar agua de Chihuahua sin tener facultades para hacerlo.
Ese modelo, dijo la gobernadora, está basado en indicadores que no son reales, con datos de otras décadas, que no toma en cuenta el crecimiento poblacional ni el cambio climático.
“Es irrisorio pensar que vamos a otorgar el agua o que ellos quieran abrir las presas”, aseguró.
Mientras, el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata Carrasco, indicó que, en efecto, existe una petición expresa del gobierno de Tamaulipas para que se abran las presas de Chihuahua y ponen de pretexto el tratado, pero lo que quieren es ver si les llega el agua por el cauce del río Bravo, pero eso no ocurrirá.
Recordó que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el diputado Juan González, que forma parte de la Comisión de Recursos Hidráulicos, además de otros políticos y funcionarios, dijeron expresamente que se incumple el tratado y que están exigiendo aguas internacionales.
En primer lugar, dijo el funcionario chihuahuense, el agua de las presas de Chihuahua y del sistema del río Conchos y sus afluentes, que es el único que atraviesa este territorio, son nacionales porque así lo marca la ley, solo la que sirva de frontera es internacional.
La segunda gran mentira que dicen es que el agua les pertenece a ellos, pero es de la nación y su uso podrá ser concesionado a particulares, estableciendo así la propiedad privada, como lo dice el artículo 27, explicó
Mata Carrasco agregó que otra cosa que no entienden es que el estado no debe absolutamente nada, el tratado es muy claro y se maneja por quinquenios, el ciclo actual (36) inicio el 22 de octubre de 2020 y se acabará hasta octubre de 2025.
Por eso se hizo inicialmente una defensa mediática y política, pero ahora es legal.
Dio a conocer que en la última sesión del COVI se violaron muchas cosas; en primer lugar, no es atribución de ese organismo hacer cálculos sobre un modelo matemático que implique abrir las presas de Chihuahua y, además, no hubo quorum legal para determinar su uso.
No existe, afirmó, peligro en este momento de que se abran las presas, tampoco en lapsos subsecuentes, sino hasta dentro de cuatro años; sin embargo, la presión es mucha.
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