Una nueva reforma permite a los partidos políticos renunciar a parte de sus recursos para donarlos en casos de catástrofe o desastre.
«Los partidos políticos podrán renunciar parcialmente y, en su caso, reintegrar, en cualquier tiempo, su financiamiento, en el caso de catástrofes sufridas en territorio nacional por cualquier desastre o fenómeno contemplado en la Ley General de Protección Civil o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro», señala el decreto de reforma a la Ley General de Partidos Políticos publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Así, podrán regresar parte de su financiamiento público al Gobierno federal, para que sea destinado a la atención de las familias que resulten damnificadas.
Burocracia frenaba a los partidos
Antes de la reforma, los partidos políticos se enfrentaban a una serie de burocratismos para regresar a la Federación parte de su financiamiento público.
Por un lado, el INE notificaba a los partidos políticos la imposibilidad de regresar determinadas cantidades de sus prerrogativas al Gobierno.
Por otro lado, la Secretaría de Hacienda no tenía mecanismos para poder recibir la devolución de recursos por parte de los partidos políticos.
Un ejemplo sucedió durante el sismo de septiembre del 2017. La mayoría de los partidos políticos renunciaron a parte de su financiamiento público para donarlo a la ayuda de las familias damnificadas.
Por las trabas del INE y de Hacienda, el reintegro de esos recursos se logró efectuar hasta mediados del 2018.
La modificación a la Ley se aprobó por el Pleno del Senado con 68 votos favor, 28 en contra y cuatro abstenciones la semana pasada.
«Con ello, también, se logra evitar las pretensiones de muchos partidos políticos que utilizan sus recursos públicos para lucrar con el dolor de las personas, al utilizar parte de su financiamiento con fines inminentemente clientelares y electoreros», refiere la exposición de motivos de la reforma.
Los recursos que se pretendan donar solo podrán validarse por la dirigencia nacional, dejando fuera a las presidencias estatales partidistas.
«Los recursos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación cuando no hayan sido entregados a los partidos políticos a solicitud del Comité Ejecutivo Nacional», indica el nuevo articulado.
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