La Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó proporcionar información sobre los expedientes de extinción de dominio presuntamente vinculados al caso Aras Investment Business Group, argumentando que se trata de procedimientos judiciales vigentes y, por lo tanto, sujetos a reserva por ley.
La negativa fue dirigida al presidente del Colegio de Abogados y Abogadas en Defensa de la 4T, David Óscar Castrejón Rivas, y al representante del Observatorio Ciudadano, Marcelo Valenzuela, quienes habían solicitado conocer el estado procesal de diversos expedientes relacionados con los bienes asegurados dentro del caso Aras.
En el oficio fechado el 25 de noviembre de 2025, la Coordinadora de Etapa Judicial de la Fiscalía, Yadira Mercedes Monárrez Comadurán, explicó que la normatividad vigente impide difundir información contenida en juicios de extinción de dominio mientras estos se encuentren abiertos, a fin de “garantizar la protección del interés social, el respeto a los derechos de terceros y de la nación”.
La funcionaria citó los artículos aplicables de la Constitución federal, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley de Transparencia, y recordó que el derecho a la información “no es absoluto” y cuenta con excepciones relacionadas con la seguridad jurídica de las partes y la integridad de los procedimientos.
“El Estado, como sujeto obligado de la ciudadanía gobernada, está sujeto a reserva ante los derechos de terceros, los intereses nacionales y los de la sociedad”, señala el documento.
La FGE añadió que solo podrá entregar información cuando los juicios concluyan y exista resolución firme, o cuando la ley lo permita sin vulnerar derechos de personas involucradas.
La respuesta derivó de una denuncia que presentaron Óscar Castrejón y Marcelo Valenzuela el pasado 14 de octubre en contra de funcionarios de la FGE, al considerar que no protegieron los intereses de los defraudados.
En su denuncia, acusaron a la titular de la Dirección de Extinción de Dominio de la FGE, María del Carmen Cordero Martínez, de haberse desistido de embargos sobre bienes presuntamente vinculados al fraude cometido por Aras Business Group.
De esa forma —según los denunciantes—, la funcionaria habría favorecido a los exejecutivos de Aras al permitir la posible dispersión de activos que deberían servir para reparar el daño a las víctimas.
**El mayor fraude financiero en la historia reciente de Chihuahua
Aras Investment Business Group fue una empresa de inversión privada que captó miles de millones de pesos entre 2015 y 2021 con la promesa de altos rendimientos.
Tras el incumplimiento masivo de pagos, más de 18 mil personas denunciaron haber sido defraudadas, convirtiendo el caso en uno de los más graves en la historia económica del estado.
Los afectados reclaman daños superiores a 4 mil millones de pesos, mientras que la Fiscalía ha asegurado bienes, inmuebles y cuentas relacionadas con directivos y socios, aunque los procesos han avanzado lentamente.
Desde 2022, la FGE ha iniciado procedimientos de extinción de dominio para recuperar activos; sin embargo, organizaciones ciudadanas han exigido mayor transparencia, señalando que desconocen el estado real de los bienes en litigio.
La respuesta emitida esta semana por la Fiscalía mantiene en reserva toda la información relacionada con estos procesos, decisión que, si bien se apega a la legislación vigente, deja a los afectados sin acceso a datos sobre el avance en la recuperación de su patrimonio.
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