El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, aseguró que la mayor resistencia a la reforma proviene de grupos que históricamente han acaparado el agua.
“Quienes se oponen defienden sus intereses. Han acumulado grandes cantidades de agua al amparo del poder político y económico, impidiendo que pequeños y medianos productores, comunidades rurales e indígenas accedan al recurso”, afirmó el funcionario durante la conferencia mañanera de este 26 de noviembre.
En presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morales López negó que la nueva legislación contemple eliminar la figura de la herencia de concesión, ligada a la propiedad de la tierra.
Ante versiones que circulan en medios y redes sociales, el titular de Conagua aclaró que la reforma no prohíbe la herencia de derechos sobre el agua ni la compraventa de tierras asociadas a concesiones.
“Es totalmente falso que ya no se permitirá heredar. El binomio tierra-agua está garantizado. Al vender una propiedad, el nuevo dueño recibirá un título de concesión”.
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales permitirá que el Estado mexicano recupere la rectoría sobre el manejo del recurso hídrico y ponga fin al acaparamiento y a las desigualdades generadas por la legislación vigente desde 1992, afirmó.
“El agua dejará de verse como mercancía”
El funcionario señaló que la iniciativa transforma el enfoque del marco legal, cuyo cambio más relevante es que el agua deje de considerarse una mercancía para reconocerse como un derecho humano y un bien estratégico para el desarrollo del país.
Precisó que la reforma ordena el sistema de concesiones y destacó que la nueva legislación establece que solo el Gobierno de México podrá otorgar títulos, eliminando la transferencia de permisos entre particulares.
Esa práctica, aseguró, derivó en un alto nivel de concentración del recurso en manos de quienes tenían mayores capacidades económicas.
Asimismo, se pondrá fin a los cambios irregulares de uso de concesiones de aguas nacionales.
Actualmente, explicó, es posible obtener una concesión para uso agrícola y después modificarla para fines recreativos, inmobiliarios o comerciales, como ocurre en campos de golf y desarrollos urbanos.
“Esto ha generado desorden y afectaciones, porque no existe control del Estado”, señaló.
La iniciativa elimina los cambios de uso, lo que, según Conagua, evitará abusos y garantizará una distribución más equitativa.
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