El problema de los vehículos chuecos pasó a la etapa de las promesas de la 4T, con el anuncio de AMLO de comenzar “pronto” un programa de regularización en la frontera.
En octubre de 2019, representantes de los tres niveles de Gobierno anunciaron acciones represivas contra los propietarios de autos irregulares. Los detalles venían en el fallido Plan Especial Juárez de seguridad.
El presidente de México dijo que la legalización de la estancia de estos vehículos traerá mayor seguridad a la población del norte de la república.
Aseguró que la mayoría de los delitos se relacionan con los autos chuecos. Por lo tanto, al ingresar a la legalidad podrán rastrearlos en caso de resultar involucrados en un delito.
Indicó que el costo de tramitación tendría un costo bajo, porque son miles de personas de escasos recursos los que se transportan en estos automóviles.
Agregó que los autos los importan en las peores circunstancias para disminuir su costo. Es por esto que significa que circulan en mal estado mecánico y son inseguros tanto para el conductor como para la población.
Chuecos
El Plan Especial Juárez, que presentó el exsecretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo, contempla las áreas de investigación de las corporaciones para “detectar” vehículos chuecos.
También considera acciones como la implementación y reforzamiento de volantas para el decomiso, aseguramiento en sitios de oferta en lugares públicos, la ubicación de brechas a lo largo de la frontera y cateos en yonkes.
Incluso, en el punto 1.6.16 de este plan prevé llevar a cabo trabajos de investigación sobre violaciones a reglas de comercio en la frontera junto con el ICE, Hacienda, Servicio de Administración Tributaria (SAT) y aduanas.
El abogado Óscar Altamirano advirtió en su comento que el plan criminaliza a las familias, aun cuando el responsable del problema es el Estado, quien es incapaz de proteger, garantizar y fomentar el derecho de los individuos a la movilidad urbana.
Omar Martínez, activista social, dijo que el “entramado” del problema es más complicado, debido a que existe un segmento de la población que obtiene una renta alta de este negocio.
También hay personas para las que un vehículo es la única forma de ir al trabajo, porque el transporte público no llega hasta su casa.
Por otra parte, están los políticos que toleran o reprimen el fluyo de vehículos irregulares, conforme a sus intereses electorales, agregó.
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