El Gobierno -en sus tres niveles- alista en su Plan Especial Juárez de seguridad la intensificación de acciones represivas y restrictivas en contra de las familias que cuenten con un vehículo chueco.
La decisión de la autoridad de aplicar la fuerza se da sin considerar que la ciudad carece de un servicio de transporte urbano de pasajeros suficiente en su cobertura territorial y con horarios restringidos.
Las acciones previstas en el documento, al que Norte Digital tuvo acceso y que mantienen en secreto, van desde la cacería de guiadores y sanciones penales hasta la denuncia pública y dispositivos especiales de vigilancia.
Especialistas consultados opinaron que el plan de seguridad, elaborado por el Grupo de Coordinación Chihuahua para la Construcción de la Paz, enfoca el problema como policiaco en su mayoría, sin tomar en cuenta las necesidades sociales y económicas reales de la población y sin reconocer que no solo fue tolerado por la autoridad, sino también fomentado por razones políticas.
“El plan criminaliza a las familias, aun cuando el responsable del problema es el Estado, quien es incapaz de proteger, garantizar y fomentar el derecho que tienen los individuos a la movilidad urbana”, advierte Óscar Altamirano, abogado con especialidad en derechos humanos.
En el plan, en su índice correspondiente a causas y factores (de la inseguridad púbica), en su apartado 1.6 “Número creciente de parque vehicular irregular”, propone al mismo tiempo un decreto de regularización de autos ilegales y la aplicación de un programa de confiscación al que llama “de deschatarrización”, lo cual es contradictorio.
En el apartado 1.6.2 dispone la formalización de un convenio interinstitucional entre las tres esferas de Gobierno para homologar y coordinar los operativos de control y detección de vehículos chuecos.
Estas acciones decididas en el plan se van a intensificar, sin tomar en cuenta a las personas que tienen necesidad de trasladarse a sus centros de trabajo y de vuelta a sus casas, no solo en horarios normales, sino también a deshoras de la noche y la madrugada.
El documento, en cuya portada aparece a la cabeza Alfonso Durazo Montaño, secretario federal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, anuncia las campañas de difusión “Todos con placas”, “Cultura de la Legalidad, Todos Parejos” y “Por qué a unos Sí y otros No”, que refuerzan el planteamiento coercitivo.
El punto 1.6.4 del documento de seguridad especifica que la autoridad actuará jurídicamente en contra de las organizaciones que fomenten el uso o introducción ilegal de autos chuecos, así como contra quienes expidan engomados en masa.
Para su detección se utilizará el área de investigación de Policías Cibernéticas en redes sociales no solo en Juárez y el estado, sino en toda la república mexicana, para ubicar sitios de venta de placas y engomados.
Aunque cabe destacar que en esta ciudad los tianguis de venta de vehículos de procedencia extranjera están a la vista del público, incluso en vialidades primarias, por lo que no es necesario hacer el uso de esta tecnología para detectarlos.
Otras acciones represivas del plan son la implementación y reforzamiento de volantas especializadas para el decomiso, aseguramiento en sitios de oferta en lugares públicos, la ubicación de brechas a lo largo de la frontera y cateos en yonkes.
En el punto 1.6.16 se señala que llevarán trabajos de investigación sobre violaciones a reglas de Comercio en la frontera junto con el ICE, Hacienda, Servicio de Administración Tributaria (SAT) y aduanas.
Entre las medidas restrictivas que contempla está la de elaborar un censo oficial para integrarlo en una base de datos única con vehículos extranjeros, cuyos propietarios deberán contar con un seguro y una licencia para circular.
En las medidas no coercitivas, el plan, en su apartado 1.6.5, indica que se promoverá un programa especial con agencias de vehículos nacionales para el abaratamiento de los autos en la frontera, además de proponer la ampliación del decreto fiscal para las distribuidoras de autos; sin embargo, este sería temporal.
También contempla un proceso integral que genere una importación menos restrictiva de vehículos, que incluya un flujo desde la entrada hasta la salida de los patios fiscales, además de solicitar un programa accesible de financiamiento a largo plazo para autos nacionales.
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