César Jáuregui Moreno, secretario general de Gobierno del Estado, reconoció la inexistencia de fondos gubernamentales para la implementación de programas de apoyo y atención al fenómeno migrante en Chihuahua.
Jáuregui Moreno afirmó que, a nivel local, se implementarán políticas de apoyo a través del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes.
Sin embargo, reiteró que no se dispone de recursos financieros para aplicarlas en lo inmediato, empero dijo: “Hay voluntad y ganas de hacer las cosas”.
Aseveró que como primer paso para atender el aumento de migrantes, se buscará la coordinación con la Federación, en materia de atención a estas personas.
Por ello, anticipó que será este miércoles cuando se analicen, por parte de instancias estatales y federales, las acciones a implementar.
Dichos procesos se harán con el fin de evitar más casos como el del pasado viernes, donde se localizaron 340 migrantes en Chihuahua capital.
Crisis migrante en aumento
El aumento en la migración se evidenció con la reciente ejecución de operativos de aseguramiento de grandes grupos de centroamericanos.
Regularmente se encuentran hacinados en domicilios o bodegas por «polleros», en espera de cruzar la frontera.
A esto se suman las deportaciones y retrasos, o negativas, en las peticiones de asilo del Gobierno de Estados Unidos.
Lo anterior genera un alto número de personas que buscan ingresar al vecino país, y es un factor catalogado como grave por organismos internacionales.
La preocupación se crea porque, en el estado, la población en tránsito enfrenta condiciones de alta precariedad y son víctimas de delitos como secuestro, trata y extorsión.
Actualmente el Consejo Estatal de Población sufrió una adhesión en materia de atención migrante; sin embargo, la dependencia estatal quedó rebasada y carece de presupuesto.
Quienes acuden a la dependencia reciben apoyos tales como: localización de paisanos, asesoría en trámites del Seguro Social, trámite en pensiones alimenticias, repatriación, apoyo en el trámite de visas de trabajo temporales y humanitarias, traslado de restos, información sobre personas con problemas legales, asesoría en caso de indemnizaciones y en su caso, de abusos laborales.
Asociaciones civiles son salvavidas de Gobierno en migración
Actualmente, son asociaciones civiles quienes suplen las debilidades institucionales de todos los niveles en cuanto a la atención de migrantes.
Durante su toma de protesta, María Eugenia Campos Galván se comprometió a trabajar en la protección de las niñas y niños migrantes que viven el drama de estar lejos de sus padres y de su tierra.
Además, dijo que enfocará políticas en la atención al fenómeno migratorio en todas sus vertientes.
En agosto, Pressia Arifin-Cabo, funcionaria del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Juárez, puso en evidencia la inoperatividad de los albergues para menores migrantes no acompañados.
Según el testimonial de Arifin-Cabo, “a los menores los deportan en situaciones muy malas y llegan a albergues saturados”.
Los infantes son deportados a México por autoridades estadounidenses tras pasar temporadas en inmuebles con un clima artificial helado, en condiciones de hacinamiento e insalubridad.
La agrupación Uno de Siete Migrando documentó la recepción de 20 menores indocumentados en un rango de edad de 15 a 17 años al mes.
Pero la cifra podría crecer, ya que muchos jóvenes no llegan al albergue en la ciudad de Chihuahua.
Gobierno llamó a cuentas al INM
Como se informó, el Estado solicitó, ante el Consejo Estatal de Seguridad, la comparecencia del delegado regional del Instituto Nacional de Migración (INM) con el fin de que se emita un informe de las acciones tomadas en la entidad por parte de la dependencia, respecto al fenómeno migrante.
Quien aparece en el organigrama federal como representante regional es el militar retirado Pedro Alberto Alcalá López, sin embargo, no ha tenido apariciones públicas desde marzo de este año.
La gobernadora María Eugenia Campos oficializó el acuerdo para que el próximo miércoles acuda al Palacio de Gobierno el delegado del INM.
Lo anterior, luego de aseverar que fue el Estado quien asumió las tareas de resguardo de 340 migrantes salvadoreños y guatemaltecos, y no el INM.
Maru reiteró que su Administración se toma muy en serio el incidente, donde elementos de la Fiscalía General del Estado encabezaron la operación de rescate.
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