Luego de su creación en octubre del año 2019, el grupo interinstitucional para la Implementación de la Reforma Laboral no ha recibido recursos para la puesta en marcha de la reglamentación, denunció el titular del grupo, magistrado Luis Villegas Montes.
Y es que Chihuahua se encuentra entre los 11 estados de la República que deberán implementar la reforma a partir del próximo año. Sin embargo, la falta de financiamientos estatales y federales podría provocar retrasos importantes. La fecha límite en que debe operar toda la estructura vence en mayo del 2022
Según las estimaciones dadas a conocer por el Poder Judicial del Estado, hacen falta 600 millones de pesos para la adecuación de infraestructura, compra de mobiliario y equipos, así como contratación de personal que operará las oficinas.
Los Juzgados laborales o juzgados de enjuiciamiento laboral se pondrán en funciones a cargo del aparato estatal, que dependerán del Supremo Tribunal de Justicia.
Por otro lado, los Centros Estatales de Conciliación estarán a cargo del Poder Ejecutivo, y serán órganos descentralizados con patrimonio y personalidad jurídica propia, pero dependerán del Gobierno del Estado.
Este nuevo organismo, que ya opera en 8 entidades del país, se encarga de los registros de sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional. También de vigilar que se respeten los derechos sindicales y los intereses colectivos de los trabajadores. Además es responsable de la conciliación en conflictos individuales y colectivos de trabajo de competencia federal.
Según los nuevos lineamientos, los sindicatos tendrán hasta mayo de 2023 para someter a consulta de los trabajadores mediante voto personal, libre, directo y secreto, el contrato colectivo que tengan celebrado con el patrón.
Con Reforma Laboral habrá cambio radical en juicios laborales
Con base en declaraciones de Luis Villegas Montes, magistrado de la Séptima Sala Civil, quien encabeza los trabajos de implementación, la intención es que un estimado del 60 por ciento de los casos se dirima en conciliación.
En la entidad, alrededor de 60 mil asuntos se encuentran en estatus de pendientes y deberán ser asumidos por estas juntas.
El proyecto inicial contempla sedes de conciliación en Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Nuevo Casas Grandes.
Además se requiere la contratación de 300 servidores públicos y 18 jueces y secretarios instructores.
Según Villegas, a partir del 1 de mayo del 2022, se iniciará con 5 jueces laborales y se estima que en octubre de este año inicien los procedimientos de reclutamiento y selección de personal para las nuevas salas.
Federación enviaría 90 millones
Juan Pablo Delgado, delegado de la Procuraduría del Trabajo, confirmó que el problema presupuestal obedece a la situación en las finanzas estatales. Pero ratificó que el compromiso de la Secretaría federal del Trabajo es liberar recursos por unos 90 millones de pesos, el año próximo.
El funcionario informó que los trabajos de implementación han incluido mesas interinstitucionales, capacitación y adiestramiento e incluso viajes a otros estados para análisis del avance en esas entidades.
Se han visto esquemas como la oralidad, legitimación de contratos y conciliación, dio a conocer.
Delgado indicó además que la figura viene a oxigenar el procedimiento y despresurizará la carga de trabajo en los juzgados.
“Creo yo que va bien la reforma. Veo que esta gran reforma se encuentran invitados centrales obreras, los diferentes organismos empresariales, las universidades y también instituciones del ramo privado en este gran esfuerzo”, comentó.
Recalcó que la selección de los operadores se hará bajo el principio de transparencia, congruencia y ética.
Reconoció que ha escuchado sobre problemas de presupuesto sobre todo por el estado financiero de las arcas.
“Creo que la voluntad se tiene por parte del presidente del tribunal, hay muchísimo énfasis en el desarrollo de los trabajos”, finalizó.
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