Las investigaciones contra grupos de delincuencia organizada en Juárez y el resto del estado están estancadas, o lo que podría ser peor, obstaculizadas por falta de cooperación entre las fiscalías estatal y federal, falta de personal o porque no hay voluntad política para llevarlas a cabo. Mientras la escalada de violencia aumenta, nadie investiga.
Así, mientras grupos de delincuencia organizada continúan generando violencia e inseguridad en el estado, y principalmente en Juárez, instancias estatales y federales encargadas de desarticularlos mantienen distanciamiento y se deslindan de investigarlos a fondo.
Nadie investiga… pero sí hay descalificaciones
Por ejemplo, a pesar de que en esta frontera ocurren en promedio cuatro homicidios cada 24 horas, la mayoría relacionados con acciones de grupos criminales, nadie -ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Fiscalía General del Estado (FGE)- investiga o reporta avances para neutralizar a dichas organizaciones.
En lugar de mostrar acciones de coordinación con resultados tangibles, las instancias estatales y federales han optado por la descalificación mutua y quitarse la responsabilidad.
Señalar a otros no acabará con el problema
La Fiscalía General de la República rechazó anoche (martes) las declaraciones del fiscal de la zona norte, Jorge Nava, -vertidas la semana pasada-, en el sentido de que por dicha instancia federal nadie investiga delitos de delincuencia organizada en el estado de Chihuahua.
“No es atribuyendo la responsabilidad a otras autoridades con base en señalamientos subjetivos, como se avanzará en el propósito de combatir eficazmente la problemática delictiva, sino con la suma de esfuerzos y la coordinación eficaz entre las autoridades”, refutó la FGR en un posicionamiento enviado a Norte Digital.
Nadie investiga: 9 mil crímenes contra 23 investigaciones
Archivos de la propia institución indican que de 2019 a la fecha solo se han abierto 23 investigaciones por delincuencia organizada en todo el estado de Chihuahua, la mayoría radicadas en Ciudad Juárez.
Ese número de carpetas contrasta con la cifra de homicidios registrada en el estado de 2017 a la fecha, con cerca de 9 mil crímenes, de los cuales más de 5 mil corresponden a Juárez.
De acuerdo con las autoridades locales, en la mayoría de los homicidios que se cometen existen indicios de vínculos con grupos criminales.
Aquí las diferencias “rifan”; pese a las 500 reuniones, nadie investiga
Sin embargo, lo que parece estar ocurriendo es que las diferencias entre las instancias investigadoras estales y federales no permiten que las indagatorias de los homicidios apunten a desarticular a las bandas que los generan.
A la fecha, la mesa regional de coordinación para la construcción de paz en esta frontera se ha reunido en 500 ocasiones desde que se puso en funcionamiento.
Pero ese número de reuniones no incide en acciones de coordinación que logren disminuir los índices de violencia; más allá de comunicados en donde se informa de detenciones menores y decomisos, nadie ataca la raíz del problema, las finanzas del hampa y la desarticulación de sus estructuras.
El fiscal Nava reprocha
La semana pasada, en una rueda de prensa virtual, el fiscal zona norte Jorge Nava reprochó la poca colaboración de la FGR en la investigación de delitos relacionados con delincuencia organizada.
“No ejerce acciones de atracción en casos de delincuencia organizada, lavado de dinero, estructuras criminales, investigaciones más a fondo para poder desarticular estructuras delictivas”, refirió Nava.
La FGR revira, dice que solo ha recibido una solicitud
A contrapelo de ese planteamiento, la FGR aclaró anoche que durante el año 2019 y lo que va del 2020 únicamente ha recibido una solicitud de intervención por un probable caso de delincuencia organizada por parte del Ministerio Público local.
“Durante 2019 y 2020, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) únicamente se ha recibido una solicitud de intervención por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. La cual no fue aceptada al tratarse de un delito de exclusiva competencia del ámbito local, en concreto “violencia familiar”, regulado en los artículos 193 y 194 del Código Penal del Estado de Chihuahua”, refirió la instancia federal.
Hay 23 carpetas abiertas
En el mismo periodo -agregó-, la Seido inició apenas 23 carpetas de investigación en el Estado de Chihuahua por hechos probablemente constitutivos de delitos de delincuencia organizada. Mismos que se habrían realizado con la finalidad de cometer otros ilícitos como delitos contra la salud, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y posesión de cartuchos.
También hubo casos en los que el delito de delincuencia organizada se relacionó con operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando, tráfico de personas, sustracción ilícita de hidrocarburo, almacenamiento Ilícito de hidrocarburo y posesión ilícita de hidrocarburo.
No es que nadie investiga; hay que hacerlo apegados a la ley: Seido
En ese sentido, el posicionamiento de la Fiscalía General de la República (FGR) precisó que para investigar delincuencia organizada los agentes federales deben atenerse exclusivamente a la ley de la materia, para evitar que por falta de competencia las investigaciones puedan ser desechadas en el Poder Judicial.
“La competencia de las autoridades para intervenir en el conocimiento y resolución de asuntos derivados de la comisión de delitos está regulada por disposiciones constitucionales y legales, que son la base jurídica para garantizar la seguridad jurídica y legalidad de los actos de la autoridad, en este caso ministerial”, planteó.
En ese contexto -añadió- la intervención de la Fiscalía General de la República se constriñe al conocimiento de los casos relativos a delitos federales.
En el caso específico de la Seido, su competencia está determinada por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, indicó.
Lo anterior significa que el Poder Judicial de la Federación ha establecido criterios específicos, que el Ministerio Público Federal debe observar, para judicializar una investigación por el delito de delincuencia organizada.
Entre esos criterios se encuentra la existencia de una organización criminal estructurada, la pertenencia de una persona a dicho cártel u organización criminal, la voluntad del sujeto activo para formar parte de la organización, así como las funciones específicas que éste realizaba, a fin de delimitar su punibilidad, entre otras.
“Actuar al margen de las disposiciones legales y de los criterios judiciales en materia de competencia, implicaría que las personas llevadas ante los tribunales adquieran su libertad, generando así impunidad”, asentó.
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