Las autoridades municipales se prepararán para pagar un total de 52 millones de pesos (mdp), luego de que los tribunales ordenaron la indemnización a favor de dos empresas que los demandaron por daños y perjuicios.
Los recursos con los que harán frente a las sentencias, serán cubiertos por la presente administración, aunque los actos juzgados corresponden a las gestiones de los alcaldes Héctor Murguía Lardizábal (2004-2007) y Armando Cabada Alvídrez (2016-2021); este último actual diputado federal de Morena.
Arreglarán “herencia” de Teto con cheques, terrenos y pago en mensualidades
La demanda de la empresa Construcciones Changmol S.A de C.V, ante el Juzgado Cuarto Civil, reclamó la indemnización por la expropiación de un terreno que se utilizó para la construcción del Libramiento Camino Real.
Durante la administración de Cabada, se rehusaron a cumplir con la condena de un pago de 83.6 millones de pesos.
Derivado del impago, se embargaron diversas cuentas del Municipio que motivaron en diferentes recursos de apelación, los cuales aún se encuentran pendientes de “sustanción”.
El Gobierno independiente promovió juicios de amparo, en su momento, para evitar la ejecución del convenio.
“Las cuentas embargadas fueron insuficientes para el pago de lo adeudado y la moral actora solicitó una ampliación del embargo”, se informó.
El 13 de agosto se recurrió a un recurso para embargar nuevas cuentas del Municipio, entre las que se encontraba el pago de la nómina, lo que obligó a las autoridades a promover un amparo que en estos momentos mantiene el conflicto en suspensión.
Pero, la presidencia municipal logró que la constructora aceptara un pago de 45 millones de pesos, de los cuales se extenderá un cheque inicial de 10 millones de pesos, más tres inmuebles que se autorizarían en Cabildo y 20 mensualidades de 737 mil 858 pesos.
Acusan a Cabada de irse sin pagar servicios de cobro de multas
Por otra parte, el Tribunal de Justicia Administrativa sigue el curso de una demanda de la empresa Inteletráfico S.A de C.V., en contra de las autoridades del Municipio de Juárez.
El 9 de enero de 2020, la empresa reclamó el pago de sus servicios no pagados, concernientes al programa de modernización e implementación de multas electrónicas y equipamiento para la Dirección General de Tránsito (hoy Coordinación General de Seguridad Vial).
La regidora Amparo Beltrán Ceballos, integrante del Ayuntamiento anterior, recordó que en aquel momento se cobraban las multas de vialidad en el sitio en los que se cometía la falta.
La empresa reclamó el pago de los servicios de instalación, implementación y mantenimiento de equipos “handheld”, cámaras de video vigilancia, displays de velocidad y cámara ANPR.
Manifestaron que el presidente Cabada, negó el pago requerido mediante acuerdo del 5 de febrero de 2020 por “no tener facultades para el pago de lo reclamado…”, se informó a los actuales representantes del Ayuntamiento.
Un día después del término de su gobierno, Cabada contestó que su gobierno sí cumplió con el pago.
Sin embargo, la empresa reclama 52.7 millones de pesos, pero un acuerdo alcanzado entre la actual administración del presidente Cruz Pérez Cuéllar y la empresa en cuestión, se propuso una solución de pago de 7 millones de pesos para finiquitar el diferendo.
Estos y otros asuntos, serán abordados en la próxima reunión previa de Cabildo, programada para el próximo 20 de junio.
La información y los datos de estos litigios, así como las alternativas de solución, se encuentran contenidos en fichas informativas que la Secretaría del Ayuntamiento puso en manos de los regidores.
Regidores de las comisiones de Lotificación y Conjuntos Urbanos y la de Desarrollo Urbano, sesionaron este viernes para dictaminar los asuntos informados.
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