¿Quién es LUMO?

La empresa que rentó y vendió patrullas a las autoridades municipales pertenece a Luis Humberto Montaño García, vinculado políticamente con el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN).

El 2008 fungió como director de Administración y Finanzas del Instituto de la Función Registral del Estado de México, cuando EPN gobernaba el Estado de México. También fue diputado suplente del PRI en la LVIII Legislatura Federal.

Desde su constitución el 2011 como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada (SOFOM ENR), LUMO Financiera opera la oferta de servicios de financiamiento de bienes y servicios demandados por los tres niveles de Gobierno. La sustitución de luminarias es uno de sus giros.

La misma persona moral, de acuerdo con medios de comunicación locales de San Luis Potosí y Tlanepantla, Estado de México, enfrenta varias demandas.

LUMO financiera pertenece a Luis Humberto Montaño García, vinculado políticamente con el expresidente Enrique Peña Nieto. Fotos: Tomadas de internet

Servidores públicos de la Presidencia de SLP, revelaron que los obligaron a contratar 203 millones de pesos para el arrendamiento de patrullas a favor de la misma empresa. Esto habría repercutido en la intervención de la Secretaría de la Función Pública.

En el municipio de Juárez, el organismo de fiscalización del Ayuntamiento interpondrá una denuncia a finales del presente mes ante la FGR. Esto, ya que encontraron supuestas evidencias de que la empresa de Montaño cobró el contrato de prestación de servicios sin cumplir con la contraprestación.

Así los pagos

¿Cuándo y cuánto descontaron a la empresa el pago contratado, debido a que no reponían las patrullas conforme a lo pactado?

La Tesorería reportó que durante el primer año de arrendamiento, pagó 393 mil 640 pesos menos. El 2020, penalizó el contrato con 7 millones 425 mil pesos; y, en el 2021, con 18.2 millones. Esto significa que por inconsistencias identificadas LUMO recibió 26 millones de pesos menos.

Aún y cuando las autoridades municipales redujeron a la empresa 26 millones de pesos, la síndica sostiene que los 565.6 millones de pesos que a final de cuentas cobró la empresa, no corresponden a la contraprestación pagada de 400 patrullas; debido al reducido número de unidades con los que prestaron sus servicios.

Daño al patrimonio municipal

Un análisis preliminar de la Sindicatura Municipal, que lleva a cabo una auditoría, calcula que en promedio, durante el periodo de vigencia del contrato, fueron unas 244 de 400 unidades, las que mantuvieron su servicio de manera permanente durante la vigencia del contrato.

La diferencia entre los recursos públicos que las autoridades pagaron a la empresa y los servicios que esta tenía que haber otorgado y presuntamente incumplió, ascendería a un daño patrimonial que puede alcanzar o superar los doscientos millones de pesos.