El Congreso del Estado aprobó por unanimidad de votos elevar a rango constitucional el derecho a la movilidad y la obligación del Estado de garantizar el acceso a ese servicio.
La nueva legislación obligará al Gobierno del Estado a proporcionar ese servicio, pero además a asegurarse de que se otorgue de manera eficiente y digna, con unidades de transporte público que se encuentren en condiciones óptimas para facilitar la movilidad de los ciudadanos.
De acuerdo con el texto de la reforma, el Estado deberá asegurar el acceso pleno al derecho de movilidad y, en particular, garantizar que las personas con discapacidad, los grupos en situación de vulnerabilidad y los estudiantes de zonas urbanas y rurales tengan acceso a ese servicio.
El diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes (Morena), integrante de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo y Movilidad Urbana, tuvo a su cargo la presentación del proyecto de decreto y, en su oportunidad, detalló que las autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones, deberán garantizar que todas las unidades que integran el transporte público estén en buen estado.
También resaltó que dentro de las unidades se deberá ofrecer un espacio apropiado y confortable, en óptimas condiciones higiénicas, mecánicas, de emisión de contaminantes y de seguridad.
Para este efecto, deberá realizarse un mantenimiento periódico adecuado y las unidades deberán dejar de circular cuando dejen de cumplir con los fines establecidos.
La reforma se enviará a los 67 ayuntamientos del estado para su análisis y eventual aprobación. Una vez que concluya ese proceso, se tendrá por aprobada la citada reforma constitucional.
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