Representantes del Comité de Salud Pública, de participación predominantemente morenista, anunciaron que denunciarán por fraude procesal a Maru Campos, candidata del PAN-PRD a la gubernatura. Consideran que intentó engañar al juez de Control en la pasada audiencia en la que resultó vinculada a proceso, al encontrarse indicios de cohecho.
El grupo insiste que el juez de Control, Samuel Uriel Mendoza, acreditó que Maru Campos pudo recibir recursos públicos por 9.4 millones de pesos entre 2014 y 2016 por orden directa del exgobernador César Duarte, cuando la actual candidata panista se desempeñó como diputada local.
Al respecto, integrantes del Comité de Salud Pública dieron a conocer un nuevo posicionamiento sobre el caso. Resaltaron que, de acuerdo con el Código Penal del Estado, la pena por fraude procesal podría ser hasta de 21 años de cárcel.
En este sentido, el abogado Óscar Castrejón sostuvo que la candidatura de Maru Campos “se tambalea”. Además del caso de la nómina secreta, el próximo viernes inicia el otro proceso que se le investiga por los supuestos “moches” ya como presidenta municipal, de un aproximado de 2 millones de pesos por servicios de limpieza y en la contratación de obra pública.
Por su parte, el también abogado Román Alcántar indicó que alrededor de la candidata del PAN existen supuestos actos de corrupción. Mencionó que el coordinador de campaña en Ciudad Juárez, Ramón Iglesias Lucero, tiene una investigación por administración fraudulenta.
Maru, en un estado de desesperación y mentiras: Quintana
A su vez, Víctor Quintana Silveyra advirtió que la campaña de la hoy vinculada a proceso “ha caído en un estado de desesperación y mentiras”, como los supuestos morenistas que se adhirieron a su campaña, cuando ni simpatizantes son.
Ana Rojas manifestó que Campos Galván prefiere trivializar en público todas las acusaciones cuando están sustentadas y ya se encuentra vinculada.
“Los ciudadanos deben conocer su responsabilidad ante las consecuencias que tuvo su actuar legislativo a base de pagos”, añadió Ana Rojas.
Finalmente, la consejera Zianya Sandoval recordó que Maru Campos tácitamente acepta su corrupción en distintos momentos donde inconscientemente reconoce sus delitos, como la acusación al gobernador en la que dijo que «no trabajar también es delito».
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Aseguró que su retiro “es auténtico y no una simulación” y que solo regresaría a la arena pública en tres supuestos: para defender la democracia ante un fraude electoral, proteger a la presidenta Claudia Sheinbaum ante un golpe de Estado o resguardar la soberanía nacional
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