Al comparecer ante el Senado, y a pregunta expresa de la senadora Verónica Delgadillo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que México está asumiendo su responsabilidad de regular la migración centroamericana por un tema de seguridad nacional, publicó Excélsior.
Respecto a los señalamientos de Donald Trump de que México le hace la tarea en la materia, la encargada de la política interior comentó que el presidente de Estados Unidos está en campaña.
“El presidente Trump, pues bueno, él está obviamente en campaña política. Ya sabemos que ya inició la campaña en los Estados Unidos, pero nosotros estamos haciendo nuestro papel en México.
“No solamente, como dicen por el tema de que tuvimos esta situación de una amenaza en los aranceles, sino porque es nuestra obligación como país, es nuestra seguridad nacional, es el tema de quién entra en nuestro territorio”, señaló Sánchez Cordero.
La secretaria de Gobernación refrendó que la política migratoria seguirá a cargo de la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración (INM), área que ha tenido que hacer frente en el último año a la llegada de medio millón de centroamericanos, de los cuales el 40 por ciento son menores de edad.
“Quiero ser muy clara en este asunto, la política migratoria es y seguirá siendo parte de la política interior a cargo de la Secretaría de Gobernación, que es y sigue siendo la dependencia del Ejecutivo federal a la que la ley le otorga las facultades en materia de migración. La ley no ha cambiado, ni va a cambiar”, enfatizó.
Por otra parte, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que la ampliación del mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, es inconstitucional.
“La Ley Bonilla es inconstitucional, no he cambiado de opinión; lo sostengo”, dijo la ministra en retiro ante el Senado en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno.
Puntualizó que la última palabra la deberá emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Asimismo, Olga Sánchez Cordero se comprometió a que nunca más desde el poder público se permitirá o solapará un “crimen” como el ocurrido en Iguala con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
“Para poner a los responsables de esos hechos a disposición de la justicia y para que nunca más ocurra en nuestra patria un crimen como ese”, dijo la titular de la política interior del país ante los legisladores en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno.
De la misma manera, la secretaria de Gobernación señaló que no habrá ningún cambio legal en la relación gubernamental con las asociaciones religiosas y se mantendrá el precepto juarista de la separación Iglesia-Estado.
“No está en la agenda de reformas del Gobierno proponer en esta materia cambios ni a nuestra Constitución, ni a la ley”, precisó la funcionaria federal.
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