La gobernadora Maru Campos Galván anunció que el Congreso de Chihuahua presentará en las próximas horas una iniciativa para recuperar las disposiciones del blindaje electoral invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La mandataria señaló que el Gobierno del Estado acatará la resolución, pero buscará reponer las medidas mediante las vías que el propio máximo tribunal deje abiertas.
“El narco puede meter dinero en una campaña. Puede amenazar y matar candidatos. Puede decidir quién compite y quién no. Y así no hay consecuencias”, expresó en un mensaje.
Campos explicó que la legislación aprobada por el Congreso estatal establecía la anulación de una elección si intervenía el crimen organizado o si el candidato tenía vínculos criminales. Afirmó que Chihuahua era el único estado con esa disposición y sostuvo que, tras el fallo, ya no existe en ninguna entidad del país.
“A Chihuahua nos quitaron la forma legal de anular una elección aunque se pruebe que el crimen organizado metió la mano, el dinero y las armas”, sostuvo.
La gobernadora acusó a Morena de votar contra la reforma en el Congreso local y posteriormente acudir a la Suprema Corte para solicitar su invalidez.
Según Campos, con ello se eliminaron disposiciones que obstaculizaban el financiamiento ilícito y el uso de delincuentes para manipular elecciones.
“Cuando un partido hace todo para que la intervención del crimen en las elecciones no tenga consecuencias, está confesando literalmente cuáles son sus intereses y a quién está protegiendo”, señaló.
La mandataria destacó el voto de la ministra Yasmín Esquivel, quien respaldó la postura de Chihuahua al sostener que la intervención criminal afecta la libertad del voto.
“Pueden tumbar una ley en la Suprema Corte, pero no pueden nunca tumbar el espíritu chihuahuense que ya le plantó cara al miedo y que no va a dejar nunca que el crimen elija a sus gobernantes”, concluyó.
Pese a los señalamientos de la gobernadora, la resolución mantuvo la posibilidad de anular elecciones cuando se acrediten actos de delincuencia permanente o sistemática con incidencia en el proceso electoral, siempre que sean graves, dolosos y determinantes para el resultado.
La Corte invalidó disposiciones que permitían sancionar a candidaturas por actos ilícitos cometidos por terceros sin acreditar su responsabilidad, así como sanciones automáticas de pérdida o cancelación del registro.
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