El número de homicidios acumulados de enero a octubre de 2019, con más de mil 200 víctimas asesinadas, y menos del 10 por ciento de vinculaciones a proceso y sentencias, muestran no solo el colapso del sistema de integración de carpetas de investigación, sino la indiferencia de organizaciones como Ficosec y Mesa de Seguridad, cuyos integrantes mantienen en silencio la exigencia de justicia y cese a la impunidad y la violencia.
Las víctimas inocentes se multiplican, desde una niña muerta afuera de un kínder hasta guardias de seguridad privada enfrentando a asaltantes en un supermercado y decenas de personas que solo tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar equivocado.
En las 54 páginas que integran el Plan Especial Juárez presentado en una reunión de trabajo con el secretario de seguridad Alfonso Durazo y el gobernador Javier Corral, el 3 de mayo de 2019, no se dedica ni un párrafo a la reparación del daño a las familias de las personas que han sido privadas de la vida.
De acuerdo con estadísticas oficiales, la cruda realidad en Juárez prueba que matar a una persona implica una conducta tipificada como delito grave en el código penal, pero con pocas o nulas consecuencias en el terreno de los hechos, tanto por la falta de resultados como por la actitud pasiva de organizaciones de la sociedad civil supuestamente creadas para defender a la comunidad.
En lo que va de octubre ya han sido privadas de la vida más de 70 personas, en la mayoría de los casos sin que haya detenidos.
Para colmo, las autoridades estatales y municipales insisten en deslindarse del problema aludiendo que en la mayoría de los casos se trata de asuntos vinculados al fuero federal por delincuencia organizada y narcotráfico.
Especialistas consultados insisten que la gran ausente en la estrategia de seguridad es la investigación preventiva, de la cual ninguna corporación puede deslindarse con el pretexto del ámbito de competencia.
Por parte de las organizaciones sociales como Ficosec y Mesa de Seguridad, sus dirigentes siguen haciendo énfasis en que delitos como extorsión, secuestro o cobro de piso, que afectan mayormente a las clases pudientes, van a la baja.
Lo que no dicen es que en la mayoría de los homicidios que siguen asolando a esta frontera, las víctimas resultan ser personas de clase media o clase baja, las cuales no tienen un activismo social que hable por ellas para exigir justicia.
Solo así se explica que a pesar de que la ola de asesinatos no se detiene, los organismos ya referidos y otras agrupaciones cívicas, no salgan a la calle a protestar o por lo menos hagan posicionamientos públicos pidiendo alto a la impunidad y la violencia.
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