El Partido del Trabajo presentó este día al Congreso del Estado una iniciativa con carácter de reforma al Código Penal para impedir que los sentenciados por el delito de feminicidio no tengan derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique una reducción de la sentencia.
La diputada juarense por el VI Distrito, Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, integrante del grupo parlamentario del PT, presentó ante la Diputación Permanente del Poder Legislativo la iniciativa para reformar el código penal estatal.
A dicha iniciativa se adhirieron diputados de las fracciones del PRI, PAN, Morena y Encuentro Social.
“La muerte violenta de las mujeres por razones de género tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de discriminación contra ellas”, señaló la diputada Ozaeta Díaz.
“Aún encontramos impunidad en el delito de feminicidio, esa falta de castigo, esa falta de justicia, es un mal que afecta a casi todo el sistema de justicia mexicano. La impunidad, ese factor que trae como consecuencia una desconfianza de la ciudadanía en las autoridades, subsiste gracias a la falta de perspectiva de género en los juzgadores y a vacíos legales que son interpretados sin el menor pudor en país donde apenas el año pasado, y de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, 1,006 mujeres fueron asesinadas por violencia machista, por feminicidio, para decirlo con todas sus letras”, abundó.
“La investigación de este crimen es de por si compleja debido a falta de capacitación de parte de las autoridades encargadas, no podemos dejar de reconocer avances en cuanto a las reformas que se han aprobado tanto a nivel federal como estatal, sin embargo, también debemos aceptar que las fallas aún subsisten y que representan un paso atrás en la lucha por combatir este crimen, sin embargo aún queda muchas cosas por hacer en la impartición de la justica, una adecuada capacitación a las partes que intervienen en los procesos judiciales es indispensable, otorgar una verdadera conciencia de perspectiva de género, para que se entienda realmente lo que involucra un feminicidio y lo grave de este delito, el cual no sólo es perpetrado contra una mujer, si no que el asesinato se lleva a cabo justamente por el hecho de ser mujer”.
“La Corte nos recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos. La impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia”.
“Esto enunciaba la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso del Campo Algodonero de Juárez hace 13 años, y parece que no se ha entendido, parece que los juzgadores no la han leído, vaya, parece que ni la conocen”, afirmó.
Durante su intervención ante integrantes de la Diputación Permanente, recordó el caso de Paulina Elizabeth Luján Morales quien hace 12 años fue violada y asesinada. Tenía 16 años, salió del Colegio de Bachilleres y nunca llegó a casa. Fue secuestrada por dos individuos, a quienes se les aprehendió gracias a que ella escribió en su brazo la placa del vehículo. Los dos asesinos confesaron su crimen y se les sentenció a 60 años de cárcel, tal como lo señala la ley por el delito de homicidio y violación.
Sin embargo, gracias a una resolución judicial, se dejó en libertad condicionada al sentenciado, quien compurgó solo 12 años de prisión, argumentando “buena conducta” y porque, según trascendió en medios de comunicación, el sentenciado manifestó su necesidad de salir para cuidar a madre.
Amelia Deyanira Ozaeta agregó que “el feminicidio, ese crimen de odio, entendido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, este crimen cometido en contra de Paulina, después de 12 años, muestra otra cara de la impunidad que persiste, impunidad que se traduce en una ineficacia judicial y sigue mostrando que la máxima expresión de la violencia en contra de las mujeres es tolerada”.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 2018 fueron asesinadas 3,663 mujeres. Un 66.1% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida.
Cuatro de cada diez mujeres mayores de 15 años han sufrido en el transcurso de su vida, al menos un incidente de violencia sexual; la tercera parte de las mujeres ha enfrentado algún tipo de agresión física, y 200 mil mujeres enfrentaron al menos un intento de violación.
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