La Secretaría de la Función Pública informó que ha documentado presuntos desvíos por 4.6 millones de recursos públicos del ejercicio 2018 de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado en la zona norte con la presunta implicación de tres exfuncionarios de la zona norte.
Mónica Vargas Ruiz, secretaria de la Función Pública informó este día que en el caso de las supuestas irregularidades detectadas, ya se tiene un informe sobre el caso.
“Hay avances, esa auditoría se cerró desde el año pasado. Se emitió un informe de observaciones y se solventó únicamente una de las siete observaciones que se determinaron”, mencionó Vargas Ruiz.
Informó que están terminando de integrar las documentales necesarias para en su caso turnarlo al área de sustanciación de la Secretaría de la Función Pública.
Agregó que en caso de que se acredite una conducta de carácter grave, se enviará al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución.
Como parte de la citada auditoría, se llevaron a cabo observaciones contables, presupuestales y patrimoniales, en las que se evidenció en algunos casos la falta de comprobantes y justificantes sobre depósitos de recursos públicos en una cuenta personal de un subordinado.
Entre otros señalamientos de la Secretaría de la Función Pública, se documentó la inexistencia de una cuenta bancaria, se incumplió con la normatividad al depositar 2.9 millones de pesos a una cuenta personal a nombre de Édgar Manuel Villanueva García Gallardo, entonces administrador de la subdirección de Obras Públicas en Juárez a quien se hace responsable del señalamiento, junto con Andrés Carbajal Casas como subsecretario en la Zona Norte de Obras Públicas, y Javier Loya, exjefe del departamento administrativo.
El monto de las supuestas irregularidades es por 4.6 millones de pesos.
De igual manera, la Función Pública no pudo ubicar los contratos que amparan trabajos con compañías como Plásticos Ecosostenibles de México, S.A. de C.V., Miselec Juárez S.A. de C.V., Trabcom, Constructora S.A. de C.V., Aaron Cano Morales, Decor Stone, S. de RLMI, Héctor Ariel Cervantes y Fernando Aragón González.
Aún cuando ni siquiera ha sido notificado, según explicó a Norte Digital Andrés Carbajal Casas, dijo que no caerá “en el juego perverso del gobierno del estado, pues hay un debido proceso que se debe cumplir”.
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