La mañana de este viernes hubo movimiento en el bulevar Talamás Camandari: maquinaria, patrullas y varias dependencias municipales llegaron para desmontar otro puesto de Tortas Davis que, dicen en la zona, ya tenía rato generando problemas urbanos.
El local estaba instalado en una de las zonas más movidas del suroriente, donde el tráfico, el comercio y el ir y venir diario no perdonan… y donde cualquier cosa mal puesta se nota, por todo lo qe afecta.
Hasta ahí llegaron elementos de Ecología, Desarrollo Urbano, Seguridad Vial y Protección Civil para retirar la estructura que —según el operativo— estaba mal instalada.
Pero más allá de lo oficial, en corto, los vecinos y encargados de negocios cercanos lo cuentan distinto.
Dicen que el puesto ya venía arrastrando quejas: que si la mala imagen, que si el tiradero… pero sobre todo, que no tenía drenaje y ahí mismo soltaban el agua sucia.
“Se estaba dañando el pavimento”, comentaron en el lugar. Mientras la retro iba desarmando todo, más de uno se quedó viendo la demolición.
Operativo por ordenamiento urbano
El negocio se encontraba instalado sobre la banqueta de la avenida, por lo que la mañana del viernes personal de diversas dependencias municipales intervino en una acción de recuperación del espacio público.
El director de Limpia, Girban Solís, señaló que, además de no proyectar una buena imagen urbana, el espacio público se encontraba “secuestrado” con fines monetarios.
Funcionarios de Ecología, Desarrollo Urbano, Coordinación General de Seguridad Vial y Protección Civil han informado que cada desalojo inicia con una notificación para que los responsables presenten permisos y se les otorga un plazo para retirarse voluntariamente; en caso de incumplimiento, se aplican medidas coercitivas que pueden incluir el uso de la fuerza pública.
El caso no es nuevo. En enero pasado, las Tortas Davis quedaron en el centro de los operativos de reordenamiento urbano luego de que el Municipio demoliera su icónico puesto frente al IMSS 35, instalado durante décadas en el camellón.
La intervención destapó irregularidades que habían sido toleradas por años, como contratos vencidos y el uso indebido del espacio público, además de evidenciar que el negocio operaba sin pagar servicios como la electricidad.
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Por Francisco Luján
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Por Redacción