El Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas le dio al Estado mexicano un plazo de dos años para atender las recomendaciones en cuanto a desmilitarizar la Guardia Nacional, resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y fortelecer el mecanismo, así como medidas de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, publicó Animal Político.
En su sexto informe periódico de México a cargo del Comité, la ONU lamentó que pese a la gravedad del caso Ayotzinapa y pese a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y las medidas adoptadas, “el Estado parte no ha esclarecido el paradero de los estudiantes”.
“Debe reforzar la capacidad de investigación e independencia de todos los actores involucrados en la investigación”, insistió.
Aunque el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha creado una Comisión de la Verdad para el caso, y la Fiscalía se comprometió a reiniciar la investigación “casi desde cero”, , el Comité de la ONU dijo que se “debe reforzar la capacidad de investigación e independencia de todos los actores involucrados en la investigación, incluyendo las Fiscalías y los peritos, así como asegurar la consolidación del sistema acusatorio y la autonomía de las instituciones de procuración de justicia”.
Respecto a la Guardia Nacional, la ONU pidió reformas en el entrenamiento de sus filas para evitar abusos que el comité ha denunciado en otras fuerzas de seguridad mexicanas.
La Guardia Nacional, conformada mayoritariamente por militares, es la estrategia de López Obrador para frenar la creciente violencia en México, aunque desde inicios de junio los elementos fueron desplegados en la frontera sur del país mayoritariamente para contener a los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.
“El Estado debe alejarse de un enfoque militarizado de las fuerzas de orden y avanzar en el proceso de formación de la Guardia Nacional como institución civil”, apuntó la ONU.
El Comité también urgió al Gobierno mexicano a poner fin al acoso a periodistas y defensores de derechos humanos, y subrayó su preocupación por el maltrato a los migrantes indocumentados que cruzan el país con rumbo a Estados Unidos.
Las medidas que el Estado mexicano deberá implentar para noviembre de 2021 serán: Fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, incluyendo sus sedes en los estados, así como la “asignación de recursos financieros y personal adecuados para su labor”.
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