Alejandro Salmón Aguilera
En el Foro Cultura de Paz y Legalidad, organizado por la Cámara de Diputados, el fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, aseguró que los delitos de alto impacto en Chihuahua van “a la baja”.
La declaración fue hecha ante legisladores federales, en momentos en que la entidad enfrenta episodios constantes de homicidios, desapariciones, ataques armados y tensión en diversas regiones.
Araiza reconoció que el estado vive un “escenario de violencia”, pero intentó matizarlo al asegurar que el índice de homicidios es “muy inferior” al registrado entre 2008 y 2014, cuando —dijo— se dieron los picos más altos de criminalidad.
“No ha desaparecido del todo la violencia, pero la incidencia delictiva está muy por debajo de lo que vivimos”, sostuvo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro el pasado 20 de noviembre.
El fiscal evitó referirse a las críticas recientes sobre la efectividad de los operativos estatales, el desgaste de las corporaciones policiacas o los señalamientos de organizaciones civiles que denuncian impunidad y falta de resultados en investigaciones de homicidios y desapariciones.
En cambio, retomó argumentos de académicos que vinculan la criminalidad con la inequidad social y no con la pobreza, deslizando la responsabilidad hacia factores estructurales y a la sociedad misma.
Ante diputadas y diputados de distintos partidos, Araiza aseguró que la reducción de los delitos depende de dos condiciones: un Estado de Derecho fortalecido y una ciudadanía comprometida con denunciar.
“El tema de la seguridad es una carreta de dos ruedas: una es el gobierno y otra es la sociedad. Si no giran al mismo tiempo, la carreta va a dar círculos y no va a avanzar”, expresó, sin abordar las fallas institucionales que continuamente señalan colectivos y especialistas.
Sobre la cultura de la legalidad, insistió en que los gobiernos deben promover la cultura, el arte, la ciencia y la historia como herramientas para “empatizar” y “coexistir”, sin detallar estrategias concretas para contener la violencia en el corto plazo.
Como ejemplo de participación ciudadana, destacó al empresariado de Chihuahua y el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), donde los empresarios se autoimpusieron un impuesto para financiar proyectos de seguridad. Evitó, sin embargo, profundizar en cómo ese modelo convive —o choca— con las obligaciones del Estado en la materia.
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