En una encuesta nacional elaborada en mayo pasado, se mostró que el 64 por ciento de las empresas consideran que la reforma laboral afectaría de manera directa a los negocios, informó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Ciudad Juárez (Canacintra), Isela Molina Alcay.
De un universo de más de mil 200 Empresas encuestadas en línea, el 71 por ciento refirió que reducir la semana laboral a 40 horas aumentaría sus costos operativos, detalló.
Un 58 por ciento también externó que tendría dificultades para cubrir turnos y mantener el mismo nivel de servicio, agregó.
De las empresas participantes en la encuesta, el 60 por ciento se localizaron en Chihuahua, Campeche, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Sonora y la Ciudad de México.
El 70 por ciento fueron negocios que tenían de menos de 10 hasta 50 empleados, de acuerdo al ejercicio denominado Encuesta Jornada Laboral en México 2025.
Molina dio a conocer este lunes planteamientos que se hicieron a nivel nacional por parte de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) y la propia Canacintra.
“No se pueden hacer cambios laborales, sin escuchar la voz de las empresas”, remarcó.
Es necesario, dijo, que se haga, sí una reforma laboral, pero basada en evidencia y alineada con la realidad del país.
“No queremos frenar el cambio, queremos que funcione”, precisó.
Las propuestas de Canacintra para ese objetivo son, de acuerdo con la líder industrial, dar incentivos a la formalidad, fomentando la regularización de empresas familiares con apoyo financiero, fiscal y tecnológico.
También es necesaria la simplificación administrativa para reducir costos de acceso y permanencia en la formalidad y crear un observatorio de transición laboral tripartita, que permita “evaluar y ajustar la implementación con base en evidencia real”, insistió.
Además de lo anterior, planteó que se debe fortalecer el comercio local, para garantizar que la reducción no afecte la competitividad y dar incentivos fiscales y financieros, para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa.
Molina Alcay se pronunció para que también exista acceso a financiamiento, subsidios de empleo, reducción de impuestos, capacitación y simplificación administrativa.
El propósito sería, insistió, fortalecer el comercio local y evitar afectaciones a la productividad.
“Una panadería difícilmente va a poder sobrevivir para completar las jornadas que se requieren para su producción”, comentó.
También es necesario que esto se sectorice, porque no todas las empresas pueden automatizar sus procesos y no todas pueden incluir un 20 por ciento más de su mano de obra y sobrevivir, asentó.
En una empresa de 100 personas tendrían que contratar a 20 más, que equivalen a 100 mil pesos más a la semana y está claro, estimó, que encarecer costos “nos puede sacar de competitividad”.
En ese sentido sostuvo que se requiere aplicar la que definió como “gradualidad sectorial” hacia el 2030, con criterios definidos según el sector, el tamaño de la empresa y la ubicación geográfica.


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