A partir de octubre de 2016 la Secretaría de la Función Pública del estado de Chihuahua ha recibido 97 denuncias en contra de exfuncionarios de la administración de César Duarte a quienes se les investiga por el supuesto desvío de recursos públicos por 2,700 millones de pesos.
Derivado de dichas investigaciones se encuentran iniciados 72 procedimientos legales de los cuales cinco corresponden a señalamientos directos contra el exgobernador Duarte, además se han resuelto 10 juicios con sentencias condenatorias y existen otros 76 exservidores públicos involucrados pendientes de rendir cuentas.
Lo anterior fue informado por Mónica Vargas Ruiz, titular de la Secretaría de la Función Pública de nuestra entidad en el marco del Encuentro Nacional Anticorrupción 2020 organizado en la capital del estado.
Al referirse al exgobernador, explicó que se le implica “principalmente por los pagos que se hicieron a personas morales donde él, o era el socio principal o era el presidente, (como) el caso de la Asociación Ganadera de la División del Norte o el caso de la Financiera de la División del Norte”, describió.
El exmandatario tuvo que ser notificado por medio de edictos, porque los procedimientos fueron abiertos antes de que fuera detenido en los Estados Unidos y no estaba localizado en México.
“A él se le declaró en rebeldía por no atender los requerimientos de la autoridad. Únicamente lo tenemos en cinco procedimientos porque la propia estructura de la administración pública estatal le permitió hacer este tipo de desvíos sin que estuviera vinculado directamente”, explicó.
Sin embargo, dijo la titular de la SFP estatal, llama la atención que haya cuatro exfuncionarios públicos de esa administración quienes aparecen en más de 30 procesos de procedimientos administrativos disciplinarios y pertenecían a la estructura operativa.
“Es muy claro que tenía su séquito, que era quienes operaban directamente estos desvíos”, expresó.
Vargas Ruiz explicó que “vamos a pelear hasta el último día en que estemos en la administración, a dar la batalla legal para que no se pierdan esos recursos desviados para intereses personales de unos cuantos”.
Mencionó que entre las irregularidades más frecuentes que identificó la SFP, estuvieron las relacionadas con contrataciones por adjudicaciones discrecionales o directas y sin fundamentos, agregó.
“Hubo información y datos sobre servicios contratados que no correspondían a lo que se adquirió, así como procesos de contratación simulados con empresas fantasma, la utilización de empresas sin infraestructura, activos, capacidad de material directa o indirecta, o bien, no localizadas”.
También había empresas a las que se les contrataba y “nada tenían que ver el objeto de esa empresa, o eran empresas de reciente creación, y era muy evidente que se habían creado para adjudicarles esos contratos”.
Reveló que desde el primer momento que asumió la actual administración encabezada por Javier Corral se recibió una serie de denuncias por irregularidades encontradas principalmente en la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, de Educación y el Fideapech.
Una vez que la SFP recibió las denuncias se avocó a realizar las auditorías e investigaciones que le permitieran allegarse de los elementos necesarios para determinar qué tipo de irregularidades se habían encontrado, explicó.
A partir de esta acción se determinó que en 88 de las 97 denuncias presentadas, se podía presumir que había hechos constitutivos de delito y se comenzó a integrar los expedientes para hacer las denuncias penales, agregó.
“A la fecha, de estas 88 denuncias penales o de expedientes que tenemos, que pueden ser denuncias penales, ya se han presentado 85, en un principio se presentaron ante la Fiscalía General del Estado, y una vez que se creó la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción, se comenzaron a presentar aquí”, comentó.
Actualmente la SFP impuesto sanciones por 210 millones 978 mil pesos, pero no han sido pagados en virtud de que los abogados defensores de los exfuncionarios han logrado prolongar el tiempo para debatirle a la autoridad la imposición de sanciones económicas.
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