Por medio de su cuenta de X el imputado por la causa penal 237/2023, Francisco Garduño Yáñez, compartió dos fotografías de documentos judiciales en los que asegura que se permitió su comparecencia, programada para este martes, por medio de videollamada.
“Tengo sumo respeto a la Ley, a los Derechos Humanos y a las víctimas. Las víctimas también tiene derecho a la verdad, comparto la autorización que tuve para estar por videoconferencia en la audiencia de ayer”, escribió.
En el documento, firmado por el juez de Control federal, Víctor Manilo Hernández Calderón, se indica que tanto personal de la Fiscalía General de la República (FGR), como de la defensa particular solicitaron su comparecencia por este método tecnológico, siendo autorizada su comparecencia en dicha modalidad, especificando que debe realizarse con una conexión estable y sin interrupciones.
Sin embargo, de acuerdo con lo ocurrido en la audiencia celebrada el martes, en la Segunda sala del Centro de Justicia Penal Federal, el juez aclaró que la autorización únicamente se había otorgado a la defensa.
Incluso, durante la realización de la audiencia, que comenzó a las 9:15 horas, el encargado de sala y demás personal judicial, informó que la defensa no entró a tiempo a la audiencia, solicitando su ingreso después de 20 minutos de que había iniciado la sesión judicial.
En su resolución para diferir la audiencia, Hernández Calderón aseguró que, debido a la complejidad del caso y el sufrimiento que generó, tanto en la comunidad como a nivel internacional, es necesario que Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, se presente al Centro de Justicia Penal Federal para que se verifiquen las condiciones para autorizar la suspensión condicional del proceso penal que, actualmente, se sigue en su contra.
En los documentos que exhibió, sin embargo, no aparece su nombre.
Actualmente, el acusado funge como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
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Para este martes fue programada la audiencia para determinar si se cumplieron requisitos para aprobar la suspensión condicional del proceso penal que solicitó en enero de 2025
