La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia su primer periodo de sesiones del año. Entre los primeros casos que resolverá se encuentra la controversia constitucional por el conflicto de la presa La Boquilla, junto con otros 18 asuntos diferentes.
Entre los asuntos relevantes están la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad y los derechos de las infancias trans.
«En todos los asuntos la Corte actuará con independencia e imparcialidad con la que lo ha venido haciendo hasta ahora. Nuestros fallos podrán gustar o no, dependiendo de las coyunturas políticas, pero nuestro único compromiso es, ha sido y seguirá siendo con la Constitución y con los derechos humanos», sostuvo el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Explicó que estos asuntos ya cuentan con proyecto, por lo que se resolverán en la primera parte del año. En caso de que los ministros ponentes concluyen otros proyectos, entonces podrán resolverse más casos.
Contempló la acción de inconstitucionalidad que impugna el registro de personas agresoras sexuales en la Ciudad de México y las relativas a la presa La Boquilla.
La Boquilla, tema importante durante la sesión de la Suprema Corte
Destacó «las órdenes del Ejecutivo federal de disponer del agua almacenada en la presa La Boquilla para pagar los adeudos del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos, así como de sus actos de ejecución a través de la Guardia Nacional».
Se trata del conflicto iniciado desde 2020, cuando el Gobierno federal anunció su intención de cumplir con el tratado bilateral.
El entonces gobernador Javier Corral manifestó su oposición a esta acción y permitió una movilización de terratenientes que ocuparon la presa; luego, se enfrentaron violentamente con los elementos de la Guardia Nacional que la resguardaban.
El conflicto dejó un saldo de una mujer fallecida y la aprehensión de cuatro personas.
En octubre pasado, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, firmó un acuerdo con el Gobierno federal para cumplir con el tratado bilateral; sin embargo, subsisten las controversias constitucionales que deben ser resueltas por la SCJN.
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