En el séptimo informe que presentó ayer la síndica juarense María Esther Mejía (Morena), destaca la buena recaudación de la administración y critica las políticas de desarrollo urbano; además de que pone énfasis en el retraso de algunos proyectos de obra pública.
El informe arroja los resultados del ejercicio de fiscalización de la obra pública, así como auditorías, revisiones y dictámenes sobre el manejo de la cuenta pública, obra pública y otras gestiones ejecutivas y administrativas del Gobierno Municipal, dentro del primer trimestre de 2023. El documento fue presentado ante el Cabildo, durante la sesión número 43.
Muy buenos ingresos, gracias a los juarenses
La síndica destacó la gestión de la Tesorería Municipal por el incremento de los ingresos en un 18.6 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año anterior; lo cual representa, 232.1 millones de pesos más.
Abundó que de este ingreso superavitario, 136 millones de pesos corresponden al cobro del predial.
También se congratuló de la cultura de pago de los juarenses, ya que con sus contribuciones al impuesto predial impusieron un récord al entregar a las arcas municipales 870.7 millones de pesos, en los tres primeros meses del 2023.
“Esta contribución tiene que ser retribuida con la prestación de mejores servicios para los ciudadanos que colaboraron con el pago de sus impuestos”, señaló.
Retrasos de obra pública que ya se reactivaron
Añadió que en el mismo periodo estudiaron los contratos de 244 proyectos de obra pública e inspeccionaron los trabajos en campo.
Destacó que giraron observaciones al titular de la Dirección de Obras Públicas, Daniel González García, por lo retrasos, aunque las obras ya se encuentran en proceso de construcción.
El informe destaca un número de siete contratos para la rehabilitación de parques o áreas verdes que en su mayoría no habían iniciado los trabajos, pese que las claves de los contratos tiene fecha del 2022.
Observaciones a la política de desarrollo urbano
El informe trimestral que la Sindicatura puso en manos de los integrantes del Ayuntamiento, hace observaciones al manejo de la política de desarrollo urbano concerniente a los constantes cambios al Plan Director de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS).
Expuso que el Ayuntamiento ha autorizado 29 cambios de uso de suelo, a partir de lo cual reiteró que la ciudad es un órgano vivo y cambiante.
“Es por lo anterior que la Sindicatura recomienda el análisis a profundidad de estas solicitudes, revisando cada una, no como predios aislados, sino en el contexto de la zona y considerando siempre el impacto que estos cambios pueden tener en el nivel ciudad y sus habitantes”, señala en el documento.
También insistió en que el Cabildo ha puesto énfasis en el debate sobre la importancia de contar con la factibilidad de los servicios, vialidades de acceso y equipamiento, pues los ciudadanos expresan constantemente su inconformidad ante situaciones conflictivas que se generan a raíz de la autorización y creación de nuevos desarrollos habitacionales y comerciales en zonas con déficit de servicios.
Con respecto a las decisiones que se toman para la Transferencia de Potencial Urbano (TPU), la síndica volvió a observar que la Dirección de Desarrollo Urbano “asiduamente” ha sustituido la obligación de la donación que tienen los inversionistas de desarrollos inmobiliarios, que están obligados a entregar a la ciudad un porcentaje de sus predios para áreas verdes y equipamiento social.
Como se sabe, cada dictamen de TPU implica que en el lugar de dicha donación, el desarrollador se compromete a ejecutar obras de equipamiento urbano pero muchas veces lo hacen fuera de la zona recomendada por los objetivos del Reglamento de Desarrollo Urbano y Plan de Desarrollo Urbano Sostenible; lo cual en lugar de ser una excepción, en los términos de dicha normatividad, se ha convertido en una regla general, criticó.
Expuso el absurdo en el que han caído al autorizar proyectos de TPU que directamente benefician al desarrollador, bajo el argumento de la importancia de consolidar el entorno urbano inmediato, aunque existan zonas de mayor necesidad.
El informe establece que con la TPU se han comprometido recursos para la construcción de baños en escuelas, lo cual no es compatible ni con los objetivos ni con las formas legales de este instrumento que debería estar potenciando la infraestructura para el desarrollo urbano de la ciudad. Tan solo en esta administración se han autorizado 33 proyectos de TPU.
“Este informe trimestral es una muestra de lo que hemos logrado hasta el momento, pero también nos brinda una visión clara de los desafíos con los que nos enfrentamos. Seguiremos trabajando para responder a las necesidades de los juarenses”, finalizó la síndica.
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