La dirección nacional del Infonavit desoyó la situación de miles de familias juarenses que están siendo desalojadas por despachos de cobranza coludidos con inmobiliarias.
Cuestionado al respecto el gobernador Javier Corral dijo que su gobierno ha pedido comprensión al organismo federal hacia quienes dejaron de pagar, sin embargo, no ofreció soluciones concretas al problema.
“Nosotros hemos hecho muchas gestiones con el Infonavit para el tema, primero de comprensión a los actuales poseedores de vivienda, y en segundo lugar, a la recuperación de vivienda abandonada”.
“Incluso les hemos hecho una propuesta de comodato de viviendas para reconstruirlas nosotros a través de COESVI (…); sí tenemos ahorita un programa convenido, muy poquitas casas, pero lo que hemos planteado es que nos dieran a nosotros el conjunto de las casas, para recuperarlas nosotros”, refirió.
Lo planteado por el mandatario es similar a lo que hizo la administración de César Duarte, en un esquema de recuperar vivienda y volverla a vender.
Sin embargo, ese modelo no funcionó porque no resolvió el problema de quienes se habían quedado sin casa por incumplir pagos.
Las casas remodeladas o rehabilitadas por COESVI fueron puestas a la venta a precios igual de inaccesibles, arriba de 300 mil pesos.
Corral insistió en que le pedirá al Infonavit compresión hacia los morosos.
“(…) Que haya nuevos arreglos de pago diferido, convenios más racionales con los ingresos de la gente y que no se les olvide a Infonavit, que muchos de los casos por los que la gente dejó de pagar su vivienda, tiene que ver con condiciones económicas, pero también con las cuestiones de seguridad de esta frontera”, apreció.
El planteamiento del titular del Ejecutivo podría tener buenas intenciones, pero no significó ninguna solución concreta que pudiera dar certeza jurídica a los afectados.
Infonavit, con sordera
Norte hizo llegar a la oficina de comunicación del Instituto el caso de una familia juarense que fue desalojada la semana pasada, después que El Barzón y Fiscalía Ciudadana Anticorrupción, denunciaron que hay despachos de cobranza coludidos con inmobiliarias, asustando a las personas.
Ambas representaciones sociales alertaron sobre que la situación podría convertirse en una crisis social que afectaría a más de 20 mil familias.
Pero el Infonavit guardó silencio.
El sub delegado en esta frontera, Jaime Flores Castañeda, se excusó de tocar el tema porque -dijo- había instrucciones desde el nivel central de no hablar con la prensa.
La familia que fue desalojada tuvo que dejar una vivienda que había ocupado durante 18 años en Parajes del Sol, un desarrollo habitacional en la zona sur oriente.
Sus integrantes fueron obligados a mudarse a una tapia en un fraccionamiento cercano llamado Hacienda de las Torres segunda etapa, igual en el sur oriente.
Después de que fueron lanzados, los afectados promovieron un amparo que actualmente se tramita en los juzgados federales y que al cierre de esta nota no les habían informado si procederá.
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