Por medio de un comunicado compartido en redes sociales, integrantes del colectivo Justicia para Nuestros Deudos expusieron sentirse decepcionados y tristes de la actuación de las autoridades, luego que se cumplieron nueve meses del hallazgo de 386 cuerpos, al interior del crematorio Plenitud.
En el texto, los integrantes resaltan que, prácticamente desde que se dio a conocer el hecho, han emprendido una lucha constante en búsqueda de justicia, desde la realización de marchas y plantones en instituciones públicas, así como viajes y reuniones en la capital del estado, así como en la Ciudad de México.
Sin embargo, pese a ser recibidos en diversas ocasiones, se han encontrado con un “silencio institucional” en el que, gran parte de sus exigencias, son ignoradas, sin importar el nivel de la institución a la que están reclamando.
“En tiempos preelectorales, los funcionarios prefieren aparecer en las encuestas que los favorecen antes que atender a quienes cargan con un duelo interrumpido”, señalaron.
Puntualizaron que es preocupante no solo el proceso penal llevado en contra del dueño del crematorio Plenitud, sino también el hecho de que, pese a que hay funerarias señaladas de haber llevado cuerpos a este lugar, continúen operando sin ninguna sanción por su presunta participación en el fraude y ocultamiento de los cadáveres.
De igual manera, siguieron con el reclamo directo a Maribel Próspero Cobos, titular de Coespris en Ciudad Juárez; Rogelio Covarrubias, titular de Distrito Salud II; el fiscal Carlos Manuel Salas y Karla Ivette Gutiérrez, coordinadora del Registro Civil de Ciudad Juárez.
Los señalan de ser los principales funcionarios que, por omisiones, permitieron la tragedia que afecta, según sus estimaciones, a más de mil 500 familias.
Además, acusaron que el Gobierno del Estado ha emprendido acciones de “acoso institucional” y que, por medio de medios de comunicación, han intentado desacreditar denuncias interpuestas por su parte.
Por lo anterior, exigieron a las autoridades que no se violente su derecho de asociación, así como a la libre manifestación.
“Es un llamado urgente a la memoria, a la dignidad y a la responsabilidad.
Porque detrás de cada número hay una historia, un rostro, una familia que merece verdad, justicia y reparación”, concluyeron.
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