Movimiento Ciudadano presentó ante el Tribunal Estatal Electoral un recurso de impugnación contra la decisión del Instituto Estatal Electoral de aprobar la candidatura de Maru Campos Galván, de la coalición Nos Une Chihuahua. Considera que la decisión de que la candidata de la alianza PAN-PRD participe es “inconstitucional”, por encontrarse vinculada a proceso por cohecho pasivo.
El presidente estatal del partido, Francisco Sánchez Villegas, presentó la impugnación ante el tribunal electoral. Asegura que se violentaron las leyes en materia electoral sobre la elegibilidad de candidatos.
En sesión extraordinaria del consejo general del IEE, el pasado fin de semana se aprobaron las ocho candidaturas de aspirantes que buscarán la gubernatura.
En dicha sesión, los partidos Movimiento Ciudadano, Morena, PRI, Encuentro Solidario y el Partido del Trabajo se pronunciaron. Unos pidieron invalidar el registro de Campos Galván y otros al consejo general que justificara legalmente su pronunciamiento a favor de la candidatura, de acuerdo con los términos de la Constitución del estado.
Los consejeros desecharon ambas peticiones.
Respaldan gobernadores del PAN a Maru Campos
El domingo, Maru Campos puso en marcha su campaña para la gubernatura, en la presa Las Vírgenes, y por la tarde en la capital del estado.
La alcaldesa con licencia de Chihuahua también recibió el respaldo de la Asociación de Gobernadores del PAN, de la que forma parte Javier Corral.
“Deseamos a nuestra amiga y compañera Maru Campos mucho éxito en su campaña”, expresaron los mandatarios estatales.
“Su entereza, experiencia y trayectoria garantizan un futuro brillante para Chihuahua. ¡A ganar!”, añadieron.
La semana pasada un juez de Control vinculó a Campos a proceso por el presunto delito de cohecho pasivo, en relación con la nómina secreta del exgobernador César Duarte.
Junto con ella también vincularon a los exlegisladores locales María Ávila, del Partido Verde, y Rodrigo de la Rosa, del PRI. Los tres formaron parte de la pasada legislatura del Congreso del Estado, entre 2014 y 2015, cuando supuestamente recibieron distintos pagos de recursos públicos.
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