Chihuahua continúa bajando peldaños en el ranking del Índice de Competitividad Estatal que cada año publica el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Tras figurar en 2020 entre las cinco entidades mejor calificadas en competitividad nacional, nuestro estado figura actualmente en el lugar número 12 de la lista.
Previamente en 2021 había ocupado el lugar número 11, lo que significa un peldaño menos en el ranking en el lapso del último año.
En materia de Relaciones Internacionales, en 2020 Chihuahua tuvo la mayor exportación de mercancías como porcentaje de su PIB; en ese entonces fue calificado como la quinta entidad con mayor inversión extranjera directa.
Para 2021, nuestro estado fue ubicado entre las tres entidades con mayores retrocesos junto con los estados de Hidalgo y Quintana Roo.
Esto porque bajó cuatro posiciones en el ranking, llevándolo a caer seis lugares en Innovación, tres en lo Político y tres en materia de Derecho.
Sistema de Derecho en Chihuahua, el peor calificado
Para este 2022, uno de los apartados en los que Chihuahua estuvo peor calificado, fue en el relativo al sistema de Derecho confiable y objetivo.
De los 32 estados de la república, Chihuahua se ubicó penúltimo en competitividad en materia de homicidios y ante penúltimo en lo referente a secuestros.
Destaca principalmente el rubro de homicidios donde registró un índice de 54.7 incidentes por cada 100 mil habitantes.
A éstos les siguen la incidencia delictiva, la percepción de seguridad y la competencia en servicios notariales, donde quedó ubicado en un rango medio bajo.
También fue ubicado como el número 29 de competitividad en materia de brecha salarial de género y último lugar en intensidad energética de la economía.
Sólo en los aspectos de informalidad laboral, complejidad económica en sectores de innovación y acceso a institucione de salud, obtuvo calificación alta.
En ningún aspecto se obtuvo este año la calificación más alta
En términos generales para todo el país, el IMCO señala a las oportunidades laborales y la calidad del empleo como muy ligadas a la competitividad.
Por ello igualmente en lo general propone identificar las raíces de la informalidad en la región; ya sea la prevalencia de empresas informales o el incumplimiento de los derechos laborales por parte de empresas que sí cumplen con otras responsabilidades fiscales.
Propone también adoptar prácticas para atraer el talento de más mujeres, tanto en el sector público como el privado; esto a través de políticas internas de integración vida-trabajo, igualdad laboral y no discriminación.
Sugiere asimismo reformar el sistema de seguridad social para reducir costos que las empresas enfrentan al formalizar a sus empleados y cumplir con obligaciones fiscales.
E igualmente, generar un entorno de negocios con condiciones propicias para la inversión en el país; esto tanto a nivel nacional como internacional, mediante el cumplimiento del estado de derecho y la estabilidad económica.
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