La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene en seguimiento al menos 10 observaciones a la gestión de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), mismas que no han sido aclaradas y que causaron un daño a la Hacienda pública por mil 556 millones 314 mil 251 pesos, publicó El Universal.
De acuerdo con las auditorías de 2016 y 2017 que la ASF realizó, la Sedatu pagó a instituciones públicas y otros proveedores por servicios, productos y estudios que no se entregaron, se copiaron de Internet, se pagaron hasta en cuatro ocasiones o presentan inconsistencias.
Entre las observaciones que hizo la ASF y que están pendientes de solventar destaca el caso de los servicios solicitados al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), en 2016, por los que la Dirección General de Comunicación Social de la Sedatu pagó entre dos y hasta cuatro veces un mismo entregable.
Ni el SQCS ni los 25 proveedores a los que pagó 420 millones 880 mil pesos —de los 450 millones 60 mil 696 pesos que le entregó la Sedatu— pudieron comprobar a la auditoría que participaron en la elaboración del diseño y la edición de material en audio, video y gráfico, así como piezas de comunicación para stock sobre hábitos de consumo y sondeos de opinión para medir el impacto de programas en materia de ordenamiento territorial.
Un caso más, en el que el daño a la Hacienda pública se estimó en 271 millones 891 mil 655 pesos, consistió en que la Sedatu pagó en cuatro ocasiones un mismo producto a la Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V. (Telemax), en 2016.
La Sedatu no justificó ni acreditó la difusión, uso, utilidad o acciones implementadas con los productos que supuestamente le entregó Telemax, que consistió en el diseño y edición de material en audio, video y gráfico de comunicación para medir el posicionamiento de satisfacción e impacto de los programas y acciones relacionadas con la secretaría. Se comprobó que ni la televisora ni los nueve proveedores que subcontrató participaron en la elaboración del producto.
En un tercer caso la ASF constató que los productos encargados por la secretaría a la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), a través de cuatro convenios, “tienen inconsistencias en su contenido y elaboración y no cumplen con los objetivos”, lo que causó un daño al erario de 186 millones 113 mil 374 pesos.
Además, en la auditoría forense 195-DS, la auditoría observó que la Sedatu pagó un sobrecosto de 104 millones 470 mil 611 pesos, y no se acreditó que la empresa subcontratada por la universidad, —a la cual le pagó 81 millones 642 mil 763 pesos— ni las cuatro que a su vez subcontrató, hayan participado en la elaboración de los entregables.
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