El Plan Estratégico de Juárez A.C. (PEJ), ubicó a la administración Municipal de Cruz Pérez Cuéllar, como el Gobierno con los más altos niveles de corrupción de la última década.
La organización de la sociedad civil midió la corrupción administrativa, relacionada con “mordidas” que involucran la autorización de trámites y la intervención de los cuerpos de Policía y Vialidad; así como la corrupción política, que se practica a gran escala desde los más altos niveles jerárquicos.
En rueda de prensa, Sergio Meza, director del PEJ, dijo que el más reciente Informe de Corrupción en Juárez 2024 se desprende “un nivel de corrupción que no habíamos visto antes, desde que el Plan (Estratégico) inició con este tipo de estudios.
Se triplican las “mordidas” en Vialidad
Sergio Meza, director del Plan destacó que entre 2022 y 2023, la cantidad de personas intervenidas por los agentes de Policía y Vialidad casi se triplicó de un año a otro.
Detalló que los ciudadanos declararon que durante 2022, el 5.4 por ciento fue intervenido por oficiales de Seguridad Pública; mientras que el 2023, el 15.3 por ciento.
Las detenciones de tránsito se duplicaron también de un año a otro y el triple en comparación con el 2020.
Al mismo tiempo, establecieron que los sobornos por detenciones en la Policía Municipal, subió en 33.8 por ciento en el 2022 y 39.0 por ciento en el 2023.
Con respecto a las detenciones de vialidad, el 52.9 por ciento declararon que participaron en actos de soborno.
Establecieron que la corrupción en la Policía subió de un año a otro de 22.2 millones de pesos a 153.2 millones. En Vialidad, de 78.5 a 236.8 millones.
Suben los sobornos de 50 a 200 pesos
Dijo que de un año a otro, el monto del soborno paso de 50 pesos a 200 pesos mínimos.
Con respecto a los trámites, identificaron que el 47 por ciento de los encuestados realizaron algún trámite el 2023, y el 1.7 por ciento declaró que fueron participes de un algún evento de corrupción. Casi un punto porcentual menos en comparación con el 2022.
Los trámites involucraron transacciones por 6.4 millones de pesos.
Pagaron juarenses 477 mdp en mordidas
La conclusión a la que llegaron, es que el costo de la corrupción administrativa, basada en mordidas, sólo el 2023, sumó 477 millones de pesos: Un 350 por ciento más que el año anterior, 2022.
Meza refirió que esta cifra fue mucho menor el 2022, cuando calcularon 105 millones de corrupción administrativa.
Contratos, la punta del iceberg de la corrupción política
De la misma manera, el personal del PEJ analizó mil 372 contratos producto de adquisiciones, servicios, arrendamiento y obra pública para determinar el riesgo de corrupción.
Tal cantidad de contratos fueron celebrados entre octubre de 2021 a diciembre de 2023, por un monto de 7 mil 125 millones de pesos.
Detectaron que la actual administración adjudicó contratos por la vía directa por mil 59 millones de pesos, solo en bienes y servicios; mientras que por concurso o licitación pública, 2 mil 879 millones, en obra pública.
Abelamar Chacón coordinador de Contraloría Social del Plan Estratégico, señaló que identificaron diversos riesgos de corrupción..
Señaló que en la revisión sobresalieron los casos de “plazos cortos”, mediante los cuales se impone a los concursantes tiempos fatales “muy cortos” para cumplir con los requisitos, con la intención de inhibir la competencia.
Informó que la suma de los contratos por 5 mil 11 millones, adjudicados por licitación pública, de estos se otorgaron 3 mil 183 millones de pesos con riesgo de corrupción por esta mala práctica de los “plazos cortos”.
Dijo que la metodología también identificó “concursos dirigidos”, mediante los cuales con la imposición de requisitos se elimina a los competidores, por un monto de 5 mil 16 millones de pesos.
Concluyó que entre todos los contratos, mil 372 durante el periodo referido, el 76 por ciento tiene riesgo de corrupción.
Explicó del ejercicio de 7 mil 125 millones, un total de 5 mil 401 millones de pesos fueron adjudicados en condiciones o practicas que ponen en duda la imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, eficacia y la ética con que deben de conducirse todos los funcionarios sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.
“Por nuestra parte, estamos dando forma y contenido a nuestros hallazgos, para que las instituciones públicas que correspondan profundicen en las investigaciones y en su caso sanciones a los responsables de las irregularidades que encuentren”, dijo por último el director del Plan Estratégico.
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