El presidente Andrés Manuel López Obrador ya garantizó que la Guardia Nacional (GN) sea una realidad de hecho, más que apegada a la Constitución, publicó Proceso.
De acuerdo con esta información, a pesar de la falta de sanción por parte del máximo tribunal del país, el nuevo cuerpo militar llega a los últimos dos años del gobierno de la Cuarta Transformación con un nuevo impulso político que le permitirá ganar tiempo para seguir operando, pese a las controversias que deberán dirimirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El tema de la Guardia Nacional ha acaparado las discusiones publicas durante las dos últimas semanas.
“La inminente aprobación de la iniciativa presentada por López Obrador para incorporar a la GN a la Sedena podría retrasar por lo menos hasta el próximo año el pronunciamiento pendiente en la SCJN sobre la constitucionalidad de la militarización de la seguridad pública del país”, agregó la revista.
Proceso informó en julio pasado (Proceso 2383) que durante todo el sexenio los ministros de la Corte han postergado las discusiones de la constitucionalidad de la estrategia de seguridad del presidente, lo que ha permitido que elementos de las Fuerzas Armadas permanezcan en labores de seguridad pública, sin que ello implique resultados palpables de reducción de la incidencia delictiva en el país.
El reportaje publicado en su edición número edición 2392, señala que la SCJN no tiene términos fijos para resolver los casos que conoce, razón por la que puede demorar meses o incluso años en emitir una resolución.
Entre los casos pendientes de la Corte en la materia, añade el texto, están tres controversias constitucionales presentadas desde 2020 por Michoacán y los municipios de Colima y la alcaldía Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, contra el acuerdo presidencial del 8 de mayo de ese año que dispone que las Fuerzas Armadas realizarán tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria; es decir que estableció la militarización de la GN.
En el acuerdo, el presidente justificó esta medida con el argumento de que debido a que la GN requiere un periodo de implementación, la participación de las Fuerzas Armadas no excederá de cinco años y que la vigencia del decreto concluirá el 27 de marzo de 2024, tiempo que puede ser prorrogado.
Las tres impugnaciones están en la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien hasta ahora no ha presentado los proyectos de resolución respectivos.
El pasado 31 de agosto López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa preferente de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y a la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.
Con su propuesta, el presidente busca que la GN sea incorporada de manera permanente a la Sedena, postura completamente distinta a la que sostuvo durante su toma de posesión, en la que prometió regresar a los militares a sus cuarteles y crear una policía de mando civil para apoyar a la sociedad en labores de seguridad pública.
“La presente iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto fortalecer la consolidación institucional de la Guardia Nacional como un cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Lo anterior, con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los fines constitucionales de dicha institución de policía para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la preservación del orden público y la paz social, con pleno respeto a los derechos humanos y a los estándares internacionales en la materia”, señala el documento presentado ante la Cámara de Diputados.
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