Julio César Díaz Ramírez sobrevivió a un violento ataque de perros el 25 de diciembre de 2022, pero hasta la fecha no se ha castigado a la empresa donde se resguardaban los animales.
Han pasado más de tres años desde entonces y el caso permanece en la impunidad.
De acuerdo con personal del despacho de abogados Lex Iusta, la institución que presuntamente tenía bajo resguardo a los canes agresores —Radio Sistema Nacional S.A.,— ha desatendido el proceso y fue declarada en rebeldía.
Explicaron que la empresa no contestó la demanda ni se presentó a las audiencias.
Indicaron que la audiencia de juicio se llevó a cabo el 8 de diciembre de 2025, en la que se desahogaron pruebas periciales en psicología, ortopedia y medicina del trabajo, así como testimoniales.
El juez tenía previsto dictar sentencia definitiva; sin embargo, el proceso se suspendió el 12 de febrero de 2026 tras la presentación de una prueba superveniente por parte del demandante, la cual fue notificada a la parte demandada.
De acuerdo con la legislación, una prueba superveniente consiste en documentos, hechos o evidencias que no existían o eran desconocidos por las partes, y que pueden presentarse antes del fallo definitivo para garantizar la verdad material.
Según los abogados de Lex Iusta, actualmente también existe una solicitud pendiente para inscribir la demanda en el Registro Público de la Propiedad sobre un inmueble de la demandada, con el objetivo de asegurar el pago de una eventual condena.
Se trata del predio donde se ubica una antena, localizado en el cruce de las calles Sierra Morrones y Sierra de los Armadillos, en la colonia La Cuesta.
La demanda se tramita por la vía civil bajo el expediente 3/2025 en el Juzgado Quinto Civil por Audiencias.
El ataque y las secuelas
De acuerdo con el expediente, el 25 de diciembre de 2022, alrededor de las 21:00 horas, el ahora demandante caminaba hacia un supermercado cuando fue atacado por una jauría de más de nueve perros que salieron de un predio propiedad de la empresa demandada.
El lugar presentaba malla ciclónica en mal estado, lo que permitió la salida de los animales.
Tras el ataque, el hombre sufrió mutilación de genitales, así como heridas cortantes y avulsivas profundas en brazos, piernas, tórax y rostro.
Como consecuencia, se le diagnosticó pérdida de movilidad motriz fina en ambas manos y una incapacidad laboral permanente superior al 95 por ciento.
Además, presenta afectaciones emocionales graves, entre ellas depresión mayor y trastorno de estrés postraumático, con alto riesgo de ideación suicida.
A pesar de la gravedad de las lesiones y del impacto permanente en la vida de la víctima, el proceso judicial no ha concluido.
La empresa señalada no ha comparecido ante el juez y, mientras se desahogan pruebas y trámites legales, la resolución sigue pendiente.
Para la víctima, la espera se ha convertido en una segunda herida: la de un sistema que, a más de tres años del ataque, no ha logrado dar respuesta.
“¿Quién le va a avisar a mi hija que estoy muerta?”
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