El fiscal general del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, confirmó que al menos una familia recibió cenizas que no correspondían a su ser querido, cuyo cuerpo fue localizado recientemente en una carroza estacionada afuera del crematorio irregular donde fueron hallados más de 380 cadáveres sin incinerar.
Durante una entrevista con medios de comunicación, Jáuregui reveló que, debido al avanzado estado de descomposición de algunos restos, podrían aumentar a 386 los cuerpos localizados en el inmueble ubicado al suroriente de Ciudad Juárez.
“Ya confirmamos con una familia que las cenizas entregadas no eran de su familiar. El cuerpo fue encontrado en una de las carrozas afuera del crematorio”, señaló el fiscal.
Agregó que varios cadáveres portaban pulseras de identificación hospitalaria, lo que ha facilitado algunas tareas de identificación.
El funcionario afirmó que, de entrada, se ha podido confirmar que ninguno de los cuerpos encontrados en el crematorio tenía signos de violencia, y estaban en condiciones propias de un manejo funerario.
Sin embargo, subrayó que no se descarta ninguna línea de investigación, aunque precisó que, hasta ahora, no se han encontrado signos de violencia en los cuerpos, muchos de los cuales procedían de hospitales.
Vinculación a proceso y nuevas denuncias por fraude
Jáuregui Moreno informó que este mismo viernes se celebraría la audiencia de vinculación a proceso de las personas imputadas, quienes permanecen bajo prisión preventiva.
También indicó que se están integrando nuevas denuncias por el delito de fraude, cuya persecución requiere querella por parte de las familias afectadas.
“Ya era necesario presentar cargos contra estas funerarias. Estamos en el proceso de reunir todas las defraudaciones cometidas”, dijo.
Sobre el papel de las funerarias que subcontrataban los servicios del crematorio, el fiscal comentó que “en apariencia, todo lucía normal, ya que se entregaban cenizas a los deudos”. Sin embargo, las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades.
En paralelo, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) es objeto de una auditoría administrativa, luego de que en 2023 se realizara una inspección municipal sin detectar irregularidades.
El fiscal apuntó a ese respecto que el dueño original del negocio, con más de 25 años en operación, falleció en agosto de ese año, lo que coincide con el inicio de las presuntas irregularidades.
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