Eduardo Guerrero Durán, extitular del sistema penitenciario de Chihuahua, así como el fiscal de la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López figuran en una lista de indiciados en investigaciones que encabeza la Fiscalía General de la República por corrupción, desvío de recursos y lavado de dinero.
Se trata de la misma causa penal por lo que son requeridos la actriz Inés Gómez Mont y su esposo Manuel Álvarez Puga.
Según el Universal, el juez de control Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró órdenes de presentación contra Guerrero Durán y Nava López.
Con base en los antecedentes de investigación, el sonorense Eduardo Guerrero Durán, en calidad de director del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (Oadprs), autorizó operaciones sospechosas para la adquisición de equipo de tecnología para diversos penales federales por casi 3 mil millones de pesos.
Nava López fungió como director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia. También aparece también como implicado en la carpeta de investigación.
Eduardo Guerrero Durán, fue comisionado del Oadprs, desde finales del 2014, hasta el año 2016. Así como director de penales estatales, en el periodo del 2010 al 2014.
Las transacciones se habrían realizado a través de empresas factureras supuestamente vinculadas a Álvarez Puga.
Operación Querubín: corrupción
Información revelada por lapoliticaonline.com.mx señala que desde 2012 salieron de la Secretaría de Gobernación, dirigida por Miguel Ángel Osorio Chong, 2 mil 950 millones de pesos. Estaban distribuidos en dos contratos idénticos, de fechas y objetivos diversos, que fueron a dar a unas siete empresas factureras.
A través de ellas se realizaron más de 300 operaciones de lavado de dinero, y al año siguientes se sumaron otras mil.
Por prestar su red de empresas factureras para esta operación, Víctor Manuel Álvarez Puga habría recibido 3 millones 703 mil 419 pesos. A este movimiento se le llamó “Operación Querubines”
La investigación exhibe el carácter burdo que asumió la corrupción en México. Quienes llevaron a cabo la operación, parecen haberse sentido tan impunes, que no cuidaron las formas más elementales para disimular sus fraudes.
Para sangrar las arcas públicas se recurrió a la Ley de Seguridad Nacional. Esta permite emitir una licitación restringida. Por medio de esta, invitaron a tres empresas para la compra de equipo de seguridad en los centros penitenciarios del país.
Según cálculos, el daño al erario presuntamente causado por los funcionarios, cercano a 3 mil millones de pesos, se comprarían más de 213 mil sistemas de seguridad. También más de 3 mil 400 cámaras, 128 mil lectores biométricos y 29 mil 500 arcos de metales. Además, más de 9 mil torniquetes dobles de cuerpo completo de acero inoxidable.
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