La detención de Inés Gómez Mont en Florida, Estados Unidos, que reportaron este viernes 30 de octubre medios nacionales, reavivó una investigación por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada que comenzó hace siete años, a partir de contratos gubernamentales relacionados con el sistema penitenciario federal.
El origen del caso se remonta a 2016, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando la Secretaría de Gobernación celebró contratos para servicios de seguridad y equipamiento de centros penitenciarios federales.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), algunas empresas habrían simulado operaciones comerciales y utilizado facturas y transferencias bancarias para desviar recursos públicos y ocultar su destino.
En noviembre de 2019, la FGR abrió una carpeta de investigación contra Gómez Mont, su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, y otras personas por su presunta participación en esas operaciones.
El expediente comprende contratos gubernamentales por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, aunque esa cantidad no corresponde al dinero que se atribuye directamente a la exconductora.
La investigación señala que Inés Gómez Mont habría recibido 14 millones 843 mil 816 pesos procedentes de dos empresas investigadas: Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones.
Según el expediente judicial, de la primera compañía se realizaron 12 transferencias o retiros en su beneficio por 7 millones 395 mil pesos, mientras que de la segunda se registraron 15 operaciones por 7 millones 448 mil 816 pesos.
La FGR considera que esos recursos procedían de una estructura que utilizaba empresas fachada para triangular dinero de contratos públicos.
Por estos hechos, la exconductora enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de señalamientos relacionados con peculado.
Aunque la Fiscalía la identificó inicialmente, junto con su esposo, como dirigente de la presunta organización, el juez que autorizó su captura consideró insuficientes los elementos para atribuirles ese liderazgo.
El 29 de septiembre de 2021, un juez federal giró órdenes de aprehensión contra Gómez Mont, Álvarez Puga y otros implicados.
En octubre de ese año, Interpol emitió fichas rojas para facilitar su localización internacional.
En enero de 2022, la FGR hizo públicos detalles de la investigación y confirmó que tres personas relacionadas con el expediente ya se encontraban detenidas.
La pareja permaneció fuera de México mientras sus defensores promovían recursos legales contra distintas actuaciones de las autoridades.
En marzo de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera levantó el bloqueo de sus cuentas bancarias en cumplimiento de una resolución judicial.
Meses después, en septiembre de ese mismo año, autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a Álvarez Puga en Florida.
Interpol retiró la ficha roja antes del arresto
En septiembre de 2026, Interpol retiró las fichas rojas contra Gómez Mont y su esposo, pese a que las órdenes de aprehensión mexicanas continuaban vigentes.
El 8 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México había solicitado la reactivación de las alertas internacionales y reiteró su intención de conseguir la extradición de los involucrados.
Finalmente, este viernes 30 de octubre, medios nacionales reportaron la detención de Inés Gómez Mont en Florida.
Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si el arresto está relacionado con la solicitud de extradición presentada por México o si responde a otro procedimiento estadounidense.
La eventual entrega de la exconductora dependerá de las resoluciones de las autoridades competentes.
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