Sin la debida diligencia, el sufrimiento crece y se mata la esperanza

Desde la propia Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia (FEM) se falla en la atención a las víctimas y en la debida diligencia para investigar los casos, tanto de violencia familiar, como de feminicidios, asegura la abogada postulante Olivia Aguirre Bonilla, doctora en Derechos Humanos y maestra en Derecho Penal Judicial.

Considera que el tema de la procuración es muy importante porque la FEM está tardando más de un año en judicializar una carpeta de investigación.

“Ahí el tema es complicado porque también hay un desaliento hacia las víctimas, en este caso de feminicidio, con las víctimas indirectas, que son sus familiares, porque pues no se investiga”, señala la especialista que es profesora-investigadora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

En los casos de violencia familiar pasa algo similar porque también rebasan el año para judicializar un caso y ante la saturación de expedientes, la mala atención es desalentadora para las víctimas.

“Hay esos supuestos en que las víctimas se desatienden, pero también tiene mucho que ver con la atención que reciben por parte del personal. La víctima se queda sin esperanza. Es muy importante las personas que atienden en estas instituciones, como es la Fiscalía, pues tienen que tener una empatía con las víctimas y tienen que estar capacitadas en perspectiva de género”, sostiene la también integrante de la Mesa de Seguridad y Justicia.

Para la doctora Aguirre, incluso se le falta al respeto a las víctimas de manera sistemática.

Esa desatención la sufrió Reyna, la mamá de Isabel Cabanillas, la activista y artista asesinada el 18 de enero del 2020. Un mes después del cambio de administración estatal, en octubre del año pasado, debió convocar a los medios para denunciar públicamente que el agente del Ministerio Público ni siquiera le contestaba las llamadas. El caso estaba estancado y olvidado.

La situación cambió inmediatamente en cuanto a la atención que le fue brindada, incluso por la propia titular de la FEM, aunque en los hechos, tampoco hay resultados hasta la fecha.

Investigación sin resultados

Lo que sabe Reyna, es que se descartaron dos de las cinco líneas de investigación que seguía la FEM: lo pasional y el tema de drogas.

“Mija postea en su Facebook que alguien la empuja esa noche, y ella decide salirse de donde estaba. Ya cuando están investigando, pues nadie vio este empujón. Realmente no sabemos qué pasó, estamos como que a ciegas, todos. Y las cosas siguen pues sin una línea segura”, recuerda.

El video de una cámara instalada en el sector tampoco logró dar luz porque era de muy mala calidad y las personas se veían demasiado retiradas. Ni el vehículo utilizado se veía claro.

Isabel Cabanillas fue asesinada el 18 de enero de 2020. Foto: Internet

La única conclusión de la mamá de Isabel, es que fue algo planeado.

Cuestionada sobre el caso, la fiscal Diana Morales afirma que se siguen cinco líneas de investigación que no pueden ser reveladas.

Reconoce que mucha de la información la ha aportado la madre de Isabel, sobre todo respecto al entorno en que se desenvolvía.

“Comúnmente como hacemos las investigaciones, tiene que ver primero los contextos familiares, sociales, los posibles móviles. Y luego, qué estaba haciendo ese día. Vamos por círculos. Entonces de esto van saliendo, son cinco líneas de investigación y las estamos agotando”, explica la responsable de la FEM.

Dice no saber cuánto se tardarán, pero asegura que avanzan en el caso.

La desalentadora burocracia

Reyna es escéptica. Y aunque reconoce que con la fiscal Morales se ha retomado el expediente, sabe que ahí no se hacen las cosas rápido. Desconfía de la burocracia.

“Entonces de dos meses que les di de tiempo para que ellos pudieran hacer sus diligencias y todo, no se hizo nada por la burocracia. Porque tienen que mandar papeles tras papeles a otras instancias que no le prestan la atención necesaria”, detalla la mamá de Isabel.

Además de las prácticas burocráticas, considera que se falla en la Fiscalía porque carecen de recursos humanos y materiales. Ella lo ha visto: aparte del desinterés, a veces no cuentan con vehículos para moverse y son muy pocos agentes para todos los casos.

“Mi sentimiento pues es de mucha tristeza y a la vez impotencia. Y no nada más mía, también de toda mi familia. Sentimos mucha impotencia de ver que no se resuelve nada y no me dan una línea segura. Es como que andamos en el limbo”, se lamenta Reyna.

Pero no se cansará y mantendrá su exigencia, porque asegura que no solo perdió a un gran ser humano, perdió una parte de su corazón.

“Estoy hablando como madre, porque para mí el que los tengan encerrados, si es que los llegan a agarrar, para mí eso no va a ser justicia, pero no se puede hacer más, entonces mi petición es que den con los responsables directos o indirectos y los encierren. Y si se puede de por vida, de por vida”, expresa.

Acumulados los feminicidios del pasado

La FEM no únicamente tiene pendientes de resolver casos recientes, también mantiene abiertas investigaciones en las carpetas que llama de data antigua o feminicidios del pasado.

Un agente del Ministerio Público tiene a su cargo la revisión de los 20 tomos que integran la investigación vinculada con los ocho cuerpos encontrados en el Campo Algodonero, en noviembre de 2001.

Se atiende la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reponer particularmente la investigación de los feminicidios de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette, pero en general se estudia todo el expediente.

En noviembre de 2001 ocho cuerpos fueron encontrados en el Campo Algodonero. Foto: Archivo

“Se está investigando todo lo que se hizo mal. Y quiénes son los culpables. Pero esa parte no se la puedo decir porque está en proceso. Y este es del anterior sistema, no del nuevo. En el anterior sistema penal, que era escrito”, explica la fiscal Diana Morales.

Por ese caso ya no hay detenidos y ahora la FEM intenta solventar la parte de las líneas de investigación que en su tiempo no se siguieron.

En su momento, el Campo Algodonero también fue emblemático por la forma en que se fabricaron culpables. Incluso uno de los choferes culpado por los asesinatos, Gustavo González Meza, murió en prisión en 2003, mientras que su compañero, Víctor Javier García Uribe, recibió en 2004 una sentencia de 50 años. En 2005, al chofer conocido como “El Cerillo”, le fue revocada la sentencia y alcanzó su libertad.

Morales informa que otra investigación de feminicidios del pasado, gira en torno al caso del Arroyo del Navajo, donde se localizaron, en 2012, restos de varias mujeres asesinadas. A la fecha se han identificado 16 víctimas.

En 2015, se realizó el llamado “megajuicio” que concluyó con la sentencia de 697 años de cárcel para 5 hombres, por los delitos de trata de personas y el feminicidio de 11 víctimas.

Juicio del caso Arroyo del Navajo. Foto: Archivo

En 2017, se emitieron otras cuatro sentencias contra dos involucrados que no habían sido procesados y dos más ya sentenciados en el “megajuicio”, en relación a delitos cometidos contra otras dos víctimas.

Hubo más acusados que resultaron exonerados o puestos en libertad por falta de pruebas. Tres de los procesados murieron antes de recibir sentencia, de acuerdo a los archivos periodísticos.

También siguen procesos abiertos contra un feminicida serial detenido en 2018 por crímenes cometidos durante varios años, al menos desde 1995. Se trata de Manuel Navarro Rivas, involucrado en por los menos cuatro feminicidios. Ataba a sus víctimas (generalmente con las cintas de sus zapatos), las violentaba sexualmente, las asesinaba y abandonaba sus cuerpos en lotes baldíos.

A Navarro se le sigue investigando, señala la fiscal, y reconoce que se mantiene una deuda histórica con la comunidad juarense frente a los feminicidios.

“Esa parte es la más dolorosa y tenemos que seguir trabajando para irla resolviendo”, advierte Morales.

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