“No tenemos denuncias previas respecto a las amenazas que comentas; sin embargo, es una prioridad del Estado el poder brindar la seguridad no solamente a estas comunidades, sino de todos los ciudadanos (…). Desconozco en otras zonas (de la Fiscalía General de Chihuahua), por cuanto a la zona norte, no hay denuncias previas de amenazas”.
Esa fue la respuesta del fiscal zona norte Jorge Arnaldo Nava López ante el cuestionamiento de Norte Digital sobre las amenazas que la familia LeBarón dijo que había recibido en los últimos meses y de las cuales habría puesto en conocimiento a las autoridades sin haber recibido el apoyo necesario.
Las denuncias fueron declaraciones hechas en distintos medios por el activista y miembro de la familia masacrada, Julián LeBarón, quien habló entonces de la inseguridad que había en la zona.
Pero las denuncias de LeBarón no fueron solo las de este año: su familia ha sido víctima de secuestros, asesinatos y un constante hostigamiento de parte de grupos criminales en la última década, sin que hasta el momento alguna autoridad haya podido contener la situación.
La tragedia de este lunes rebasó a todos los órdenes de Gobierno y puso una vez más de manifiesto el enorme poder de los grupos criminales que operan en los estados de Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua, en donde tienen trazada la ruta del trasiego de enervantes hacia los Estados Unidos.
Jorge Nava confirmó que el hecho ocurrió en una cañada conocida como El Fuste, en los límites de Chihuahua y Sonora, entre los municipios de Bavispe y Galeana.
Sin dar a conocer datos específicos de las víctimas, el jefe del Ministerio Público en Ciudad Juárez confirmó que en el ataque fueron asesinados 3 adultos y 6 menores de edad.
También informó que ayer mismo fueron rescatados otros 7 menores de los cuales 2 estaban lesionados y fueron trasladados a recibir atención médica, sin precisar a qué hospitales.
El funcionario dijo que de parte del Gobierno de Chihuahua se había enviado personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) y un contingente de la Agencia Estatal de Investigación “para que ayuden en las labores de contención”.
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