Para que el Municipio pueda revocar la concesión del servicio de aseo urbano a PASA, deberá acreditar con una carga probatoria la falta del servicio, opinó Iván Pérez Ruíz, abogado del despacho legal Duo Consulting Firm.
Indicó que las pruebas las deberá tener bien sustentadas. Esto, como resultado de la supervisión que incluya actas, constancias certificadas por notario, reportes, bitácoras y otros documentos para demostrar el incumplimiento.
Pérez Ruíz expuso que, si bien existen las condiciones idóneas para la revocación de la concesión a PASA, no solamente es pretenderla, sino que hay que comprobarlo.
Indicó que el Municipio no ha hecho nada por acreditar los incumplimientos de manera legal con pruebas fidedignas.
«Si no supervisaron, ¿cómo pueden revocar?» cuestionó el abogado.
Dentro del contrato se estableció la obligación del monitoreo “SI PASA” para el control y la supervisión del servicio de aseo urbano. Pero no ha dado resultados.
“Si bien es cierto que las notas periodísticas son hechos notorios, de ninguna manera relevan a la autoridad de acreditar su dicho. El que afirma está obligado a probar”, expresó.
Municipio debe hacer valer las garantías del título a PASA
El profesionista opinó que en primera instancia, el Municipio debe ejercer la garantía de 5 millones de pesos que año con año se refrenda a favor del Municipio.
De tal manera que con esa garantía, el Municipio pudo haber contratado los servicios de una tercera empresa para la recolección de basura, sin licitar en tanto se solventará el problema de PASA.
Indicó que la autoridad estaba obligada a notificar al concesionario al primer momento en que hayan detectado el incumplimiento del contrato.
“El Municipio le ha quedado a deber a los ciudadanos. Porque no han hecho valer las garantías que tienen a su favor en beneficio de los juarenses”, expresó.
El convenio de 2016 no tiene sentido jurídico
Respecto a la vigencia del contrato, dijo que la terminación es en septiembre de 2021, pero hay un acuerdo modificatorio en 2014 por el alcalde Enrique Serrano, que prorrogó el servicio hasta septiembre de 2023.
Para el abogado, el convenio de 2016 no tiene sentido jurídico porque no fue aprobado por el Cabildo, sino que se trata de un simple acuerdo administrativo.
La ampliación del término de la concesión por 17 años para el jurista resulta del todo imperfecta.
“Si el Cabildo de Juárez autorizó por dos años la concesión, un presidente no puede unilateralmente prorrogarlo por más tiempo que el autorizado por la máxima autoridad del Ayuntamiento”, explicó.
Comentó que, de acuerdo con el Código Municipal, las concesiones no pueden ser mayores a 15 años.
Agregó que es muy difícil para el Municipio tomar una decisión de rescindir el contrato porque no cuenta con la capacidad para brindar el servicio.
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