La presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta mañana que su Gobierno emitirá una nueva normatividad para el transporte de gas LP, en respuesta al accidente ocurrido en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, donde la volcadura y posterior explosión de una pipa de la empresa Gas Silza, filial del Grupo Tomza, dejó al menos 22 personas muertas y decenas de heridos.
El percance se registró el pasado 10 de septiembre sobre la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente de La Concordia, cuando una pipa cargada con casi 50 mil litros de gas LP circulaba a exceso de velocidad, perdió el control, volcó y provocó una fuga masiva. La nube de combustible se encendió segundos después y generó una explosión que arrasó con vehículos y transeúntes en la zona.
Las llamas y la onda expansiva alcanzaron comercios y viviendas cercanas. El saldo ha ido en aumento conforme pasan los días: 22 víctimas mortales confirmadas y más de medio centenar de lesionados, varios de ellos en estado grave.
El vehículo siniestrado pertenece a Gas Silza, compañía que opera bajo el Grupo Tomza, consorcio gasero con presencia en varias entidades del país y que en otras ocasiones ha enfrentado sanciones por manipulación de precios de gas LP.
Declaraciones de la presidenta
Durante su conferencia matutina de este martes, la presidenta subrayó que el objetivo de la nueva regulación será cerrar vacíos legales y reforzar los estándares de seguridad en el transporte de gas LP.
“Vamos a emitir una normatividad específica para el transporte de gas LP, a fin de garantizar mayor seguridad en el manejo de este combustible. Las personas heridas están siendo atendidas y serán ellas quienes determinen si quieren entrar en el esquema de reparación”, declaró Sheinbaum.
Agregó que el Gobierno federal acompañará las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al tiempo que se vigilará que la empresa responda ante los daños ocasionados.
El anuncio presidencial llega en un momento en que la operación de Grupo Tomza vuelve a estar bajo escrutinio público. Especialistas en energía y movilidad urbana han advertido la necesidad de supervisar con mayor rigor el transporte de combustibles en zonas densamente pobladas, como ocurre en la capital y su zona metropolitana.
Con la nueva normatividad, el gobierno federal busca no solo responder a las víctimas y sus familias, sino también establecer un precedente regulatorio en la distribución y traslado de gas LP, una industria que ha sido cuestionada por sus prácticas empresariales y su historial de accidentes.
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